El senador Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional, radicará este 23 de septiembre un proyecto de acto legislativo que busca modificar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La propuesta plantea establecer 2028 como fecha límite para el funcionamiento del tribunal de paz y definir un mecanismo para los procesos que permanezcan pendientes al momento del cierre. Para ello, el congresista busca modificar el artículo 15 del Acto Legislativo 01 de 2017, norma que estableció los términos de funcionamiento de la JEP. Según el proyecto, la jurisdicción tendría un período máximo e improrrogable de 10 años para ejercer sus funciones. La iniciativa toma como referencia que el plazo para la presentación de escritos de acusación comenzó a contar desde el 15 de marzo de 2018, por lo que ese período finalizaría el 15 de marzo de 2028. El proyecto también contempla crear un régimen constitucional de cierre y transición jurisdiccional. La propuesta establece que una ley deberá determinar qué ocurrirá con los procesos y actuaciones que no hayan concluido cuando termine el período de funcionamiento de la JEP. Entre las alternativas planteadas está que esos procesos sean asumidos por otras autoridades judiciales. En ese eventual traslado, se mantendrían las condiciones propias de la justicia transicional aplicables a los casos sometidos originalmente a la JEP. La iniciativa también señala que las decisiones y sanciones adoptadas por la JEP conservarían sus efectos y que la ley establecería las autoridades y reglas encargadas de su ejecución, supervisión y cumplimiento. La propuesta de Gómez se suma a la discusión política sobre el futuro de la jurisdicción, en momentos en que también se debate una reducción de recursos destinados a la JEP dentro del Presupuesto General de la Nación.
Proponen cerrar la JEP en 2028: proyecto de Enrique Gómez busca ponerle fecha límite al tribunal de paz
La iniciativa plantea modificar los tiempos de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y establecer un régimen para los procesos que queden pendientes.

