La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional avalar la emergencia económica, social y ecológica decretada por el presidente Abelardo De La Espriella para enfrentar las consecuencias del terremoto que golpeó varias regiones de Colombia el pasado 10 de agosto.
El concepto fue firmado por el procurador general, Gregorio Eljach, después de que el organismo examinara tanto el decreto que declaró el estado de excepción como la norma que posteriormente modificó su ámbito territorial.
La emergencia fue adoptada como respuesta al terremoto de magnitud 7,4 cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó. De acuerdo con las cifras citadas en el concepto, la tragedia dejó 330 personas muertas, más de 4.000 heridas, 150 desaparecidas y aproximadamente 406.000 afectadas.
Tras revisar la declaratoria, la Procuraduría consideró que se cumplieron los requisitos formales exigidos para la expedición de este tipo de medidas excepcionales. Entre ellos están las firmas del presidente y sus ministros, la motivación de la decisión y la comunicación al Congreso de la República.
La emergencia económica le ha permitido al Gobierno adoptar medidas extraordinarias para atender a los damnificados, movilizar recursos y acelerar la reconstrucción de infraestructura y territorios afectados por el terremoto.
La decisión definitiva está ahora en manos de la Corte Constitucional, que debe realizar el control automático correspondiente y establecer si la declaratoria y su modificación territorial se ajustan a la Constitución.