La senadora del Centro Democrático María Clara Posada denunció que, tras el recorte de unos $170.000 millones a la JEP en el Presupuesto 2027, funcionarios de esa jurisdicción estarían presionando a comparecientes de la Fuerza Pública para que pidan medidas cautelares ante la CIDH y frenen el ajuste, reportaron Semana y El Heraldo.
“Me informan que, presuntamente, funcionarios de la JEP estarían presionando a comparecientes de la Fuerza Pública para que soliciten a la CIDH la adopción de medidas cautelares, con el fin de impedir el recorte presupuestal”, escribió Posada. Añadió que el recorte “no es exclusivo del Tribunal, sino transversal a todas las entidades del Estado”.
Según la congresista, también les dirían que, de confirmarse el recorte, la JEP no podría funcionar y sus casos pasarían a la justicia ordinaria sin las reglas de la justicia transicional. “De confirmarse esta situación, se configuraría una instrumentalización inadmisible de soldados y policías”, afirmó. El Nuevo Siglo situó la denuncia en paralelo a solicitudes ya radicadas ante la CIDH.
Posada rechazó que la JEP quede inoperante y propuso cubrir los $170.000 millones con un recorte del 10% en nómina ($40.637 millones), del 50% en bienes y servicios ($89.078 millones) y del 50% en gastos suntuosos de inversión ($41.082 millones). Antes había cuestionado $56.435 millones en viajes entre 2020 y 2026.
Qué mirar: la denuncia abre un segundo frente contra la JEP —después del debate presupuestal y de Petro— y pone en el Congreso la tensión entre ajuste fiscal, seguridad jurídica de comparecientes y presión política sobre el sistema de justicia transicional.