La senadora del Centro Democrático María Clara Posada denunció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habría gastado $170.735 millones en arriendos de sedes y que en 2024 abrió una segunda sede tras elevar su planta de personal a 1.455 cargos.
Según la congresista, Torre Squadra —en la carrera Séptima con calle 63— acumuló contratos por $160.005 millones entre 2017 y 2026, incluidos los primeros acuerdos del Fondo Colombia en Paz, y una segunda sede sumó $10.730 millones entre 2024 y 2026.
Posada recordó que la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco justificó en 2017 elegir Torre Squadra para concentrar la justicia transicional en una sola sede y descartó opciones más baratas que exigían repartir oficinas. La senadora escribió que, en últimas, eso terminó pasando.
La proyección inicial contemplaba 1.057 personas; para 2024 la planta llegó a 1.455. La senadora afirma que la JEP argumentó ese crecimiento para ubicar cargos de la Unidad de Investigación en otro inmueble y calificó la dinámica de perversa con los recursos públicos.
El cuestionamiento se da mientras el Gobierno plantea un recorte cercano a $170.000 millones para la jurisdicción en 2027 y tras la revisión de Posada sobre gastos en viajes internacionales. La JEP no había respondido de forma pública a este nuevo capítulo al cierre de esta nota.
El debate pone a la justicia transicional en el centro de la disputa fiscal del Congreso: autonomía presupuestal frente a exigencias de austeridad, con potencial impacto en el trámite del presupuesto y en la narrativa de la bancada uribista sobre el costo del Acuerdo de Paz.