María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, cuestionó $40.365 millones destinados a defensa jurídica de comparecientes ante la JEP. Según sostuvo, esta financiación exige demostrar falta de recursos.
También objetó un convenio de $30.000 millones con el PNUD relacionado con sanciones restaurativas. A su juicio, los contribuyentes están asumiendo obligaciones de los comparecientes de las Farc.
Posada reclamó respuestas sobre arriendos y viajes de la entidad. Sus declaraciones son cuestionamientos de control político, no conclusiones judiciales sobre irregularidades.