¿Por qué el Gobierno no renovó el contrato del Fomag con Fiduprevisora y qué pasará con la salud de los maestros?

El Gobierno nacional decidió no renovar el contrato de fiducia mercantil que durante 36 años permitió a Fiduprevisora administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La decisión, que comenzó a regir el pasado 1.º de noviembre, se produce en medio de una profunda crisis financiera y operativa que afecta la atención médica de los docentes y sus familias. El panorama del fondo refleja las dificultades del modelo implementado en 2024. De acuerdo con las cifras conocidas, el Fomag registra un déficit estimado de $2,7 billones para garantizar la operación de salud durante 2026, mientras que sus obligaciones pendientes con clínicas, hospitales y proveedores superan los $2,4 billones. A estas dificultades se suman más de 109.000 quejas presentadas desde 2024 por problemas relacionados con la asignación de citas, la entrega de medicamentos y la continuidad de tratamientos. Actualmente, el fondo tiene más de 820.000 afiliados entre docentes, pensionados y beneficiarios. Uno de los principales cuestionamientos al sistema es la falta de formalización de los acuerdos con la red de prestadores. Según información de la Superintendencia Nacional de Salud, de los 3.934 prestadores que existen en el país, el Fomag solamente cuenta con un contrato legalizado. La crisis se profundizó después del cambio de modelo que entró en funcionamiento el 1.º de mayo de 2024. El esquema anterior, que contaba con nueve operadores, fue reemplazado por uno en el que Fiduprevisora asumió la administración de los recursos y la contratación de las instituciones encargadas de prestar los servicios médicos. Sin embargo, los inconvenientes en la contratación y los retrasos en los pagos terminaron afectando la disponibilidad de servicios. Varias instituciones hospitalarias suspendieron o finalizaron la atención a los afiliados debido a las obligaciones económicas pendientes. La atención médica continuará durante la transición Pese a la terminación del contrato, el Gobierno aseguró que el Fomag no desaparecerá y que los derechos de los docentes permanecerán vigentes. Fiduprevisora seguirá administrando los recursos durante un periodo inicial de un año, prorrogable por otro año si resulta necesario. El Ministerio de Educación indicó que durante esta etapa se mantendrán las consultas médicas, las urgencias, los tratamientos, la entrega de medicamentos y los pagos correspondientes a pensiones, cesantías y demás prestaciones sociales. Paralelamente, el Ejecutivo adelantará los estudios técnicos, financieros y jurídicos para estructurar una licitación pública que permita seleccionar al nuevo administrador del sistema. La transición contará con el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud y la Procuraduría General de la Nación. También se prevé la participación de Fecode en las mesas de trabajo para establecer las condiciones del proceso. El déficit financiero sigue siendo el principal desafío Aunque el Gobierno anunció medidas para atender la situación, el faltante de recursos continúa siendo una de las mayores preocupaciones. El pasado 2 de octubre, el Consejo Directivo del Fomag aprobó trasladar $859.000 millones del presupuesto de pensiones al componente de salud. Con ese movimiento, los recursos destinados a la atención médica pasaron de $3,7 billones a cerca de $4,6 billones. No obstante, el Ministerio de Educación calcula que todavía existe un déficit de $1,84 billones sin una fuente de financiación identificada. Fecode ha solicitado que el proceso de transición tenga un cronograma público, recursos garantizados y mecanismos de vigilancia que impidan nuevas interrupciones en los servicios médicos. Investigaciones por presuntas irregularidades A la crisis financiera y asistencial se suman las investigaciones de los organismos de control sobre el manejo de los recursos del fondo. La Contraloría, la Procuraduría y la Superintendencia de Salud adelantan actuaciones relacionadas con posibles irregularidades administrativas, financieras y contractuales. El Ministerio de Educación también solicitó una auditoría forense y anunció acciones para obtener información sobre la gestión de la Fiduprevisora.