Peralta, Invías, Zuleta, Arizabaleta y otras 'papas calientes' que tiene la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia enfrenta una agenda judicial cargada de expedientes de alto impacto político. Las investigaciones relacionadas con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías) y otras controversias que involucran a congresistas figuran entre los principales desafíos de la Sala de Instrucción. El panorama coincide con la salida de cuatro magistrados que cumplieron ocho años en esa dependencia y la llegada de nuevos integrantes, quienes deberán asumir procesos que todavía tienen diligencias y pruebas pendientes. El reto será avanzar en las investigaciones y garantizar que cada expediente se tramite con independencia y respeto por el debido proceso. Martha Peralta y las derivaciones del escándalo de la UNGRD Uno de los expedientes relevantes es el que involucra a la exsenadora Martha Peralta, mencionada en las declaraciones del exdirector de la UNGRD Olmedo López dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación pública. Según los testimonios recogidos en el proceso, se habrían gestionado contratos que podrían estar relacionados con apoyos políticos a iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro. Entre los hechos bajo revisión figura un contrato de maquinaria amarilla por 2.125 millones de pesos. La actuación contra Peralta también estuvo marcada por desacuerdos entre magistrados sobre decisiones adoptadas durante el trámite. Ahora, el expediente deberá continuar bajo la responsabilidad de la nueva integración de la Sala. En esta misma línea aparecen otros nombres, como el de la senadora Berenice Bedoya y el exsenador Julio Elías Chagüi, cuyos casos también están relacionados con declaraciones sobre presuntas gestiones contractuales en la UNGRD. Las menciones y los señalamientos forman parte de actuaciones judiciales que deben esclarecer los hechos y establecer si existen responsabilidades individuales. Invías: contratos bajo la lupa por cientos de miles de millones Otro frente de especial relevancia está relacionado con el Invías, donde se indaga sobre posibles irregularidades en la gestión de contratos de infraestructura durante el Gobierno anterior. De acuerdo con la información publicada por CAMBIO, la investigación comprende decenas de proyectos y menciona a más de 30 congresistas. Las autoridades buscan establecer si hubo intermediaciones políticas o solicitudes indebidas relacionadas con la asignación de recursos públicos. En el expediente aparecen nombres de legisladores de distintas colectividades, entre ellos Katherine Miranda, Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo, José Alfredo Gnecco, Olga Lucía Velásquez y Wilmer Carrillo, entre otros. La Fiscalía también acusó a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por hechos relacionados con este capítulo y el escándalo de la UNGRD. Según lo expuesto por el ente acusador, se habrían gestionado 70 proyectos por un valor total de 556.734 millones de pesos. La investigación deberá determinar cómo se tramitaron esos proyectos, si existieron acuerdos irregulares y qué participación habría tenido cada persona mencionada. La inclusión de un nombre en una indagación no implica, por sí sola, que se haya cometido un delito. Isabel Zuleta, bajo investigación por una diligencia en La Picota La senadora Isabel Zuleta también enfrenta un proceso que tiene su origen en una diligencia realizada en julio de 2025 en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá. Durante ese procedimiento se incautó un arma de fuego a partir de información relacionada con Andrés Marín, conocido como alias Pipe Tuluá, señalado como cabecilla de la organización criminal La Inmaculada. Zuleta había sido designada por el Gobierno para participar en acercamientos con estructuras criminales y posteriormente recibió autorización para verificar la voluntad de sometimiento a la justicia de Pipe Tuluá. Sin embargo, la Sala de Instrucción consideró necesario examinar si el alcance de esa autorización le permitía participar en una diligencia judicial reservada. Por ese motivo, el caso avanzó a una etapa de investigación formal. La controversia gira en torno a los límites de las funciones asignadas a la senadora y a las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento. Gloria Arizabaleta y la controversia por la suspensión de Petro La exrepresentante Gloria Arizabaleta también figura entre las personas investigadas por la Corte Suprema. El expediente está relacionado con un proyecto de decisión que presentó cuando integraba la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en el que se planteaba suspender provisionalmente al entonces presidente Gustavo Petro. La iniciativa generó cuestionamientos sobre las competencias de esa instancia para adoptar una determinación de esa naturaleza. La Corte deberá examinar los hechos y establecer si hay motivos para atribuir alguna responsabilidad. El asunto se suma a una serie de controversias institucionales que han involucrado a funcionarios y dirigentes políticos en medio de fuertes disputas entre poderes públicos. Iván Cepeda y Álvaro Uribe, otros expedientes pendientes La agenda judicial también incluye actuaciones relacionadas con el senador Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe. En el caso de Cepeda, la Corte abrió una indagación previa para revisar posibles irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, realizada en octubre de 2025 para escoger a su candidato presidencial. Los cuestionamientos están relacionados con aportes y registros de financiación que deben ser examinados para determinar si se ajustaron a las normas electorales. Uno de los señalados en las denuncias sostuvo que los recursos cuestionados correspondían a un crédito por servicios de impresión y publicidad, y no a una donación. Por su parte, Uribe es objeto de una indagación relacionada con un vuelo utilizado durante su campaña al Senado de 2018 y registrado como una donación. El expresidente ha sostenido que su campaña reportó la información correspondiente y cumplió con las exigencias legales. Ambos expedientes deberán avanzar con la práctica de las pruebas necesarias antes de que las autoridades determinen si existe fundamento para adoptar nuevas decisiones. Una nueva etapa para la Sala de Instrucción La renovación de la Sala de Instrucción representa un momento determinante para el futuro de estos procesos. Los nuevos magistrados recibirán expedientes que abarcan presuntas irregularidades contractuales, controversias sobre el ejercicio de funciones públicas y cuestionamientos a la financiación política. La expectativa está puesta en que los casos avancen sin interferencias y que las decisiones judiciales se fundamenten en pruebas verificables. Por la relevancia de las personas involucradas y los recursos públicos bajo revisión, el desarrollo de estas actuaciones tendrá repercusiones en el debate político nacional.