¿Pensional con coimas?

¿La reforma pensional se movió a punta de coimas? Esa es la bomba política que deja la condena contra el expresidente del Congreso, Iván Name. Porque aquí ya no estamos hablando solamente del escándalo de la UNGRD, de unos carrotanques o de políticos recibiendo plata. Estamos hablando de $3.000 millones y del trámite de la reforma pensional más importante del gobierno Petro. Y hay un dato demoledor: de las 16 sesiones en las que se discutió la reforma pensional, Name cedió la conducción de la plenaria en 14. No era un congresista cualquiera. Iván Name Vásquez era el presidente del Senado de la República. Y el Consejo de Estado concluyó en primera instancia que utilizó su posición para favorecer el trámite de la reforma a cambio de dinero. Entonces la pregunta ya no puede esconderse: ¿qué compraron realmente esos $3.000 millones? Porque si la decisión queda en firme y la justicia termina confirmando que hubo dinero de la UNGRD detrás de maniobras destinadas a facilitar la reforma pensional, Colombia estaría ante algo muchísimo más grave que otro escándalo de corrupción. Estaría ante la posible utilización de recursos públicos para torcer el funcionamiento del Congreso alrededor de una de las principales reformas del petrismo. Y ahí la reforma pensional queda metida de lleno en el escándalo. No significa que automáticamente sea ilegal o que vaya a caerse. Eso tendrá que resolverlo la justicia dentro de sus competencias. Pero políticamente hay una pregunta imposible de esquivar: ¿con qué legitimidad se defiende una reforma pensional si la justicia concluye definitivamente que alguien cobró para facilitar su trámite? El Gobierno podía negociar votos, construir mayorías, hacer acuerdos y convencer congresistas. Eso es política. Pagar para influir en el trámite sería otra cosa. Y por eso este caso puede ser mucho más grande que Iván Name. Porque Name puede perder su investidura, enfrentar su proceso penal y desaparecer políticamente. Pero la reforma pensional permanece. Y ahora queda marcada por una pregunta que puede perseguirla durante años: ¿la reforma pensional consiguió todas sus mayorías y ventajas legislativas limpiamente? La reforma ya había tenido problemas serios en la Cámara. La Corte Constitucional encontró una afectación del principio de deliberación y obligó a corregir parte del procedimiento. Ahora el problema aparece por el otro lado. En el Senado. Y alrededor del hombre que presidía esa corporación. Una Cámara cuestionada por cómo deliberó. Y en la otra, su entonces presidente señalado judicialmente por hechos relacionados con la manera como habría facilitado el trámite. Eso ya no parece un problema menor de procedimiento. Es una crisis de credibilidad sobre cómo se cocinó la reforma pensional. Por eso la pregunta definitiva no es si Name recibió $3.000 millones. La justicia está avanzando precisamente sobre ese capítulo. La verdadera bomba es otra: ¿qué obtuvo el Gobierno a cambio de esos $3.000 millones? Porque si finalmente se demuestra que ese dinero sirvió para mover la reforma pensional dentro del Congreso, el problema no será solamente quién recibió la plata. El problema será determinar cuánto de la reforma pensional avanzó gracias a ella. Y esa respuesta podría ser muchísimo más grave que el escándalo que conocemos hasta ahora. Porque una reforma pensional que pretende garantizar el futuro de millones de colombianos no puede cargar con la sospecha de haber avanzado con plata pública debajo de la mesa. Y es que en política, nada es casualidad.