El primer vicepresidente de la Cámara aseguró que la Fiscalía le confirmó por escrito que 205 integrantes de grupos armados y estructuras de crimen de alto impacto fueron beneficiados con la suspensión temporal de órdenes de captura durante el gobierno de Gustavo Petro. El debate alrededor de la denominada Paz Total volvió al centro de la discusión política luego de una denuncia presentada por el representante a la Cámara y primer vicepresidente de la corporación, Simón Molina Gómez. El congresista aseguró que la Fiscalía General de la Nación le confirmó, mediante respuesta a un derecho de petición, que 205 personas vinculadas a grupos armados y estructuras de crimen de alto impacto tuvieron suspendidas sus órdenes de captura durante los procesos de diálogo y acercamiento impulsados por el gobierno de Gustavo Petro. Molina calificó la información como “gravísima” y cuestionó duramente los mecanismos utilizados durante la implementación de la política de Paz Total. Según el congresista, las personas beneficiadas fueron reconocidas bajo figuras como “gestores de paz”, voceros o miembros representantes, lo que permitió la suspensión temporal de las órdenes de captura mientras participaban en los procesos promovidos por el Ejecutivo. La propia legislación de Paz Total contempla la posibilidad de suspender órdenes de captura contra miembros representantes o voceros de organizaciones armadas cuando se desarrollan diálogos, negociaciones o acercamientos con el Gobierno. La Ley 2272 de 2022 establece que el Ejecutivo debe comunicar a las autoridades judiciales el inicio o terminación de estos procesos y certificar la participación de quienes actúan como representantes.
La Fiscalía confirmó que ya no hay suspensiones vigentes Uno de los puntos centrales de la respuesta conocida por Molina es que actualmente no existen personas con suspensión temporal de órdenes de captura vigente derivada de esas designaciones. De acuerdo con la información publicada este martes, la terminación de los espacios de diálogo y la revocatoria de las designaciones como miembros representantes llevaron a que las órdenes fueran nuevamente activadas. Semana La Fiscalía ya había avanzado en la reactivación de órdenes contra integrantes de estructuras como el Estado Mayor de Bloques y Frentes, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. En septiembre, por ejemplo, fueron reactivadas 46 órdenes relacionadas con integrantes de esas organizaciones. Entre los nombres mencionados en ese proceso aparecen cabecillas como alias Calarcá, alias Araña y alias Walter Mendoza, quienes habían sido reconocidos como representantes dentro de los acercamientos con el Gobierno. Molina arremetió contra la Paz Total A partir de la respuesta de la Fiscalía, Molina lanzó fuertes críticas contra la administración anterior y sostuvo que el esquema terminó favoreciendo a integrantes de organizaciones criminales. “El Gobierno Petro y su fracasada Paz Total parecía al servicio de los bandidos”, afirmó el congresista. El representante también destacó que, según la información entregada por la Fiscalía, las órdenes de captura ya se encuentran nuevamente activas, situación que atribuyó a las decisiones adoptadas por el actual Gobierno de Abelardo De La Espriella. “Hoy están reactivadas todas las órdenes de captura, gracias a la decisión del presidente Abelardo De La Espriella. La fracasada Paz Total se está desmontando. No más beneficios y garantías para los criminales”, manifestó Molina. El pronunciamiento abre nuevamente la discusión sobre los alcances y resultados de la política de Paz Total, particularmente sobre el uso de las suspensiones de órdenes de captura como herramienta para facilitar las negociaciones con organizaciones armadas. La controversia también plantea interrogantes sobre los controles aplicados durante esos procesos y sobre las condiciones que permitieron que personas investigadas o requeridas por la justicia fueran reconocidas como representantes o voceros.
