El Consejo de Estado ordenó al expresidente Gustavo Petro retirar varias publicaciones en las que hizo señalamientos sobre un supuesto fraude electoral y cuestionó la actuación del registrador nacional, Hernán Penagos, y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La decisión fue adoptada por la Sección Tercera del alto tribunal, que amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de Penagos, así como el buen nombre de la entidad electoral, al considerar que las afirmaciones realizadas por el exmandatario afectaron sus derechos. De acuerdo con la providencia, Petro tendrá un plazo de cinco días para eliminar al menos 12 publicaciones de su cuenta de X en las que hizo referencia a un presunto fraude durante los últimos comicios en Colombia. El fallo, con ponencia del magistrado Nicolás Yepes, señala que los cuestionamientos del expresidente se hicieron sin que existieran pruebas que permitieran establecer que Hernán Penagos hubiera sido responsable de un fraude electoral o de alguna conducta delictiva. El Consejo de Estado también aclaró que la existencia de una denuncia penal contra el registrador no constituye una demostración de que haya cometido algún delito ni desvirtúa su presunción de inocencia.

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La orden judicial incluye, además, retirar de las redes sociales y de cualquier otro medio bajo su administración las declaraciones que Petro realizó durante el consejo de ministros del 14 de julio de 2026, en las que insistió en sus acusaciones sobre supuestas irregularidades en los escrutinios de los votos en el exterior, particularmente en Estados Unidos. En aquella intervención, el entonces mandatario cuestionó la falta de entrega de algunos documentos electorales y aseguró que allí se encontrarían elementos que demostrarían un supuesto fraude. Como medida de no repetición, el alto tribunal también le ordenó abstenerse de responsabilizar directamente a Penagos de cometer un fraude electoral o participar en actividades delictivas, mientras no exista una decisión judicial ejecutoriada que respalde tales señalamientos. La misma restricción aplica para las acusaciones contra la Registraduría Nacional, a la que tampoco podrá atribuirle participación o facilitación de un fraude electoral sin que exista un pronunciamiento en firme de una autoridad competente.

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