Nuevo escándalo del gobierno Petro, ahora con paneles en casas deshabitadas en La Guajira

Un proyecto de soluciones solares para comunidades vulnerables de La Guajira, financiado con recursos superiores a los $300.000 millones, enfrenta importantes retrasos en su ejecución. La iniciativa, contratada a través de la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac), busca llevar sistemas fotovoltaicos a 10.664 viviendas de la región. De acuerdo con información entregada por Dispac y recogida en una investigación periodística de SEMANA, hasta el 18 de septiembre solo 862 viviendas aparecían energizadas, equivalente al 8,1 % del total contratado. El proyecto contempla cuatro lotes y, según los cronogramas, el avance esperado para esta etapa debía superar ampliamente ese porcentaje. La distribución reportada muestra 263 viviendas energizadas en el lote 1, 60 en el lote 2, 270 en el lote 3 y 269 en el lote 4. Esto deja pendientes 9.802 soluciones, mientras el plazo previsto para completar las obras, de acuerdo con la investigación, llega hasta el 30 de noviembre. El proyecto había sido diseñado para beneficiar a comunidades de municipios como Maicao y Albania. Sin embargo, durante recorridos realizados por SEMANA se encontraron sectores donde los habitantes aseguran que todavía no han recibido materiales ni visitas para comenzar las instalaciones. En la comunidad indígena Montañita, por ejemplo, habitantes señalaron que los equipos todavía no han llegado. Situaciones similares fueron reportadas en Mouwasira y Kululumana, donde las comunidades aseguran haber cumplido con procesos de censo, fotografías y georreferenciación, pero continúan esperando la instalación de los sistemas. La falta de electricidad también tiene efectos sobre actividades cotidianas como la comunicación y la educación. Algunos habitantes aseguran que deben desplazarse a otras viviendas que cuentan con paneles propios para cargar sus teléfonos celulares. En otras comunidades donde sí se instalaron sistemas fotovoltaicos también se han reportado inconvenientes. Habitantes de Wayachón señalaron fallas recurrentes en algunos equipos y mencionaron casos en los que los sistemas dejaron de funcionar durante varios días. La investigación también recoge denuncias sobre paneles instalados en viviendas que actualmente no están habitadas. Una habitante de Wayachón aseguró que habría varios equipos instalados en casas vacías y que algunos elementos habrían quedado sin asignar. El proyecto tiene además antecedentes que han generado cuestionamientos alrededor de los contratistas. Una investigación previa señaló vínculos de algunas empresas participantes con personas o compañías relacionadas con el escándalo de Centros Poblados, así como la participación de una empresa vinculada a un familiar político de la senadora Martha Peralta. Estos vínculos han sido objeto de controversia y no implican por sí mismos una conclusión sobre la legalidad de los contratos. Según la información publicada, los cuatro contratos recibieron anticipos que superan los $100.000 millones. Dispac ha defendido que esos recursos corresponden a mecanismos de financiación inicial para poner en marcha y desarrollar las obras, y ha señalado que el porcentaje de viviendas energizadas no refleja por sí solo el estado total de la ejecución física del proyecto. Mientras avanzan los plazos contractuales, decenas de comunidades continúan a la espera de los sistemas prometidos. La ejecución del proyecto será determinante para establecer si las 10.664 soluciones solares pueden ser instaladas y puestas en funcionamiento dentro de los tiempos previstos.