El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de impulsar un Protocolo Nacional de Actuación frente a las manifestaciones recibió el respaldo del primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, quien destacó la necesidad de establecer reglas claras para la actuación de las autoridades durante las jornadas de protesta. Molina aseguró que el derecho a manifestarse debe mantenerse como una garantía para los ciudadanos, pero señaló que esta protección no puede extenderse a hechos de violencia o vandalismo que puedan presentarse durante las movilizaciones. “La protesta pacífica se garantiza, pero la violencia y el vandalismo se enfrentan”, afirmó el primer vicepresidente de la Cámara al referirse a la propuesta presidencial. De acuerdo con el planteamiento, el objetivo del nuevo protocolo sería establecer criterios nacionales para la actuación de las autoridades frente a las manifestaciones, buscando diferenciar el ejercicio legítimo de la protesta de aquellas conductas que puedan derivar en hechos violentos o afectaciones a terceros. "En Colombia el terrorismo y el vandalismo son delitos. Por eso dejar un protocolo claro de actuación apra nuestra fuerza pública en el momento en que esto se convierte e violencia, en terrorismo urbano o en afectaciones a los bienes públicos", indicó. Molina también respaldó que la autoridad pueda intervenir dentro de las instituciones cuando se den hechos de violencia. "Respetamos la autonomía universitaria, pero no podemos permitir el vandalismo dentro de nuestras instituciones", precisó. El respaldo de Molina se produce en medio del debate sobre la manera en que deben responder las instituciones ante las movilizaciones ciudadanas. La discusión gira en torno a la necesidad de proteger el derecho a la protesta, al tiempo que se establecen mecanismos de actuación frente a situaciones que puedan alterar el orden público.