El Ministerio de Vivienda puso en conocimiento de los organismos de control los resultados iniciales de una auditoría que identificó presuntas irregularidades financieras, técnicas y administrativas en varios proyectos de agua potable, saneamiento básico y vivienda que fueron ejecutados o quedaron en desarrollo durante la administración anterior. De acuerdo con el informe presentado por la cartera, los hallazgos comprometerían recursos públicos por más de $1,14 billones, correspondientes a 42 proyectos de agua y saneamiento en diferentes regiones del país. De ese grupo, 23 iniciativas presentarían deficiencias relacionadas con sus requisitos técnicos de viabilidad, situación que habría impedido que los recursos se tradujeran en obras funcionales para las comunidades beneficiarias. Uno de los casos señalados se encuentra en La Guajira, donde se habrían destinado más de $8.000 millones para una planta de tratamiento de agua y un sistema de alcantarillado. Según la revisión realizada por el Ministerio, la infraestructura no tendría garantizada una fuente cercana de captación que permita su funcionamiento. La situación fue cuestionada por el ministro de Vivienda, quien señaló que el objetivo de la revisión es determinar qué ocurrió con los recursos asignados y establecer si existen responsabilidades de carácter administrativo, disciplinario o penal. El informe también llamó la atención sobre proyectos de vivienda rural destinados a comunidades vulnerables. En Cauca y Nariño, se habrían comprometido más de $60.000 millones para la construcción de 327 viviendas dirigidas a comunidades afrodescendientes e indígenas. Sin embargo, después de varios años de ejecución, la auditoría reportó que no se habían entregado viviendas terminadas, mientras se registraban recursos destinados a contratos de interventoría. Otro caso corresponde a Caquetá, donde fueron asignados más de $3.200 millones para 36 soluciones habitacionales. Las verificaciones realizadas en terreno habrían encontrado que un inmueble ya construido fue utilizado presuntamente para justificar la ejecución de varias viviendas, situación que el informe identifica como un posible caso de duplicidad o “gemeleo” de soluciones habitacionales. Además de los proyectos de infraestructura, el Ministerio cuestionó el comportamiento de los gastos asociados a contratos de prestación de servicios. Según los registros revisados, estos recursos habrían pasado de aproximadamente $61.000 millones en 2022 a $111.000 millones en 2026, lo que representa un incremento superior al 80 %. El ministro de Vivienda manifestó que la revisión continuará proyecto por proyecto y anunció que la información recopilada fue remitida a las autoridades competentes para que determinen si existen responsabilidades y, de ser así, quiénes estarían involucrados. La cartera señaló que el propósito de la investigación es establecer el destino de los recursos públicos, verificar el estado real de las obras y determinar por qué algunas inversiones no se habrían traducido en soluciones efectivas para las comunidades beneficiarias.

Compartir artículo

FacebookXWhatsAppThreadsCorreo