El Ministerio de Igualdad y Equidad ya no puede iniciar nuevas actividades. El Decreto 626 de 2026 lo convirtió en una entidad en liquidación y fijó las reglas para cerrar operaciones, organizar archivos y pagar obligaciones. La norma también establece que el liquidador será el representante legal de la entidad hasta terminar el proceso.
El cierre no se resuelve con un anuncio. El decreto exige inventarios detallados de bienes, derechos, contratos, cuentas por cobrar y pasivos. También ordena identificar obligaciones laborales y judiciales, publicar avisos para que los acreedores presenten reclamaciones y pagar cada deuda según la prelación prevista en la ley.
La revisión que anunció el liquidador
John Milton Rodríguez, designado para dirigir la liquidación, dijo que encontró atrasos en la información financiera y compromisos que deben revisarse. En una declaración pública anunció la revisión de nóminas, contratos, programas y recursos del Fondo Igualdad. Esas afirmaciones describen una revisión en curso; no constituyen por sí mismas una decisión de responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal.
El resultado tendrá que quedar en documentos verificables. El proceso debe mostrar qué activos existen, qué obligaciones siguen vigentes, qué contratos terminan y qué funciones pasan a otras entidades. También tendrá que explicar cómo se protegen los programas y las personas que dependían de ellos durante la transición. La norma da al liquidador facultades para realizar activos, cancelar pasivos y concluir operaciones pendientes. Mientras esa información no se publique con sus soportes, la única conclusión segura es jurídica: el ministerio está en liquidación y el liquidador debe ordenar sus cuentas antes de cerrar la entidad.