El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respaldó la posibilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz termine sus funciones en 2028 y no sea prorrogada por otros cinco años.
Lara afirmó que las instituciones cumplen ciclos y señaló que la JEP ya habría cumplido el suyo. Según el ministro, la jurisdicción fue diseñada como un mecanismo transitorio para contribuir al cierre de un capítulo del conflicto armado y no como una institución permanente.
“Las instituciones cumplen un ciclo y la JEP ha cumplido un ciclo, ha producido determinados resultados y yo creo que no tiene una función eterna”, afirmó.
El pronunciamiento supone un respaldo a la discusión que actualmente avanza en el Congreso alrededor de una reforma constitucional presentada por el senador Enrique Gómez.
La iniciativa busca establecer que la JEP concluya sus funciones en marzo de 2028 e impedir que su periodo sea prorrogado. Los procesos que permanezcan pendientes pasarían posteriormente a la justicia ordinaria, que tendría que mantener las condiciones y garantías correspondientes al modelo de justicia transicional.
Lara sostuvo que este tipo de justicia tiene precisamente una naturaleza temporal y está concebida para cerrar periodos específicos de violencia.
La posición del ministro se conoce después de que el expresidente Juan Manuel Santos también manifestara que la JEP debería cumplir su cometido en 2028 y, de ser posible, terminar antes.
La discusión coincide con otro frente abierto alrededor de la jurisdicción. Durante el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027, las Comisiones Económicas del Congreso aprobaron una reducción de $170.000 millones en los recursos destinados a la JEP.
Mientras desde la jurisdicción se ha advertido sobre las consecuencias que una reducción presupuestal podría tener para su funcionamiento y para las víctimas, en el Congreso avanza una discusión más profunda: establecer definitivamente hasta cuándo deberá existir la JEP.