Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, cumple detención domiciliaria en una finca ubicada en la vereda La Veta, en límites entre Copacabana y Girardota, al norte del Valle de Aburrá. La medida fue impuesta por el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín mientras avanza el proceso penal en su contra.
Quintero fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La investigación está relacionada con seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor total cercano a $17.656 millones.
Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, dentro de ese esquema se habrían apropiado aproximadamente $2.481 millones. El ente acusador sostiene que Quintero habría tenido participación en el direccionamiento de la contratación, pese a no ocupar un cargo dentro del Área Metropolitana. Estas acusaciones continúan siendo materia del proceso y no corresponden a una condena.
Antes de trasladarse al inmueble autorizado para cumplir la medida, Quintero fue reseñado en la cárcel Bellavista. Posteriormente quedó bajo detención domiciliaria en la finca acreditada ante las autoridades como su lugar de residencia.
La decisión sigue bajo discusión judicial. Este lunes 5 de octubre, la Fiscalía y la representación del Área Metropolitana sustentaron la apelación con la que buscan que la medida domiciliaria sea revocada y que Quintero permanezca en un establecimiento carcelario mientras continúa el proceso.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que la detención domiciliaria sería insuficiente para contener los riesgos que, a su juicio, persisten dentro del caso. La defensa, por su parte, ha controvertido esos argumentos. Quintero también afirmó públicamente que se considera víctima de persecución política y aseguró que la vivienda donde cumple la medida es una construcción prefabricada contratada desde enero de 2019.
La última palabra sobre la medida quedará en manos del juez de segunda instancia, que deberá decidir si mantiene la detención domiciliaria o si ordena modificarla.