La cárcel de máxima seguridad Renacer, ubicada en el municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena, se convirtió en una de las obras penitenciarias que el Gobierno busca acelerar para ampliar la capacidad del sistema carcelario. El proyecto contempla 1.974 nuevos cupos y, de acuerdo con las cifras oficiales citadas en la investigación, presenta actualmente un avance cercano al 88 %. Sin embargo, la obra acumula 49 meses de retraso frente al cronograma inicial. El contrato fue adjudicado en diciembre de 2019 y establecía que el establecimiento debía estar listo aproximadamente en septiembre de 2022. La construcción comenzó durante el gobierno de Iván Duque y posteriormente atravesó diferentes dificultades que terminaron aplazando su entrada en funcionamiento. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Isadora Fernández, acelerar las obras para poner en funcionamiento el complejo penitenciario. La demora no es el único aspecto que genera interrogantes alrededor del proyecto. Su presupuesto también tuvo un incremento considerable durante la ejecución. De acuerdo con documentos de la Uspec remitidos a la Corte Constitucional en octubre de 2025, el valor inicial del contrato pasó de $183.630 millones a $289.401 millones, lo que representa un aumento del 57,6 % a través de tres adiciones contractuales. Además, la documentación señala que serían necesarios otros $43.000 millones para completar la dotación y poner en operación el establecimiento penitenciario.
Un contrato adjudicado en 2019 El proyecto fue adjudicado por la Uspec el 20 de diciembre de 2019 al Consorcio Fundación 2020, inicialmente por $183.630 millones. El consorcio está integrado por Construcción Con-Unión Ltda., con una participación del 50 %; Meyan S.A., con el 20 %; AMR Construcciones S.A.S., con el 15 %, y Constructora Amco, también con el 15 %. El cronograma original contemplaba la entrega de la cárcel para 2022. No obstante, durante la ejecución se presentaron diferentes circunstancias que afectaron el desarrollo de los trabajos y llevaron a varias suspensiones. Uno de los puntos señalados en los documentos oficiales tiene que ver con la planeación inicial del proyecto. Una auditoría de cumplimiento realizada en 2025 por la Contraloría Delegada para el Sector Justicia identificó debilidades en la planeación integral, entre ellas cronogramas incumplidos y una subestimación de los costos. También se documentaron dificultades relacionadas con la seguridad, la disponibilidad de recursos y la obtención de licencias ambientales. Seguridad, presupuesto y dificultades para ejecutar la obra El proyecto tuvo varias suspensiones. Una de ellas se produjo en septiembre de 2023 y estuvo relacionada, según un informe de la Defensoría del Pueblo remitido a la Corte Constitucional, con un atentado atribuido al Clan del Golfo contra trabajadores de la obra y personal de la interventoría. Los documentos también señalan dificultades presupuestales y problemas para garantizar el flujo de recursos necesarios para mantener el ritmo de construcción. En relación con los $43.000 millones adicionales, la documentación de la Corte señala que estos recursos eran necesarios para completar la dotación y garantizar la operación del establecimiento. Para ese momento, sin embargo, los recursos figuraban en el anteproyecto presupuestal sin una apropiación efectiva. El representante legal del Consorcio Fundación 2020, Alfredo José Esteban Muñoz Rodríguez, entregó otra explicación sobre las razones del retraso. Según su versión, desde el comienzo de la ejecución tuvieron que realizar ajustes a los estudios y diseños que habían sido entregados por la Uspec. También mencionó la necesidad de garantizar el suministro de agua, adelantar permisos ambientales y realizar una consulta previa con comunidades indígenas de la zona. Muñoz Rodríguez sostuvo que esas situaciones no serían atribuibles al consorcio y explicó que por esa razón no se han impuesto multas ni sanciones a los contratistas. La suspensión duró cerca de 14 meses El representante del consorcio también señaló que la pandemia y las dificultades presupuestales afectaron el desarrollo de la obra. Según su relato, durante ese periodo comenzaron a presentarse problemas con los desembolsos necesarios para mantener la ejecución del contrato. Posteriormente, alrededor de 2023, el consorcio solicitó a la Uspec suspender temporalmente los trabajos. A las dificultades financieras se sumaron problemas de seguridad para los trabajadores y las condiciones de la vía de acceso al proyecto. De acuerdo con Muñoz Rodríguez, trabajadores de la obra fueron objeto de amenazas y, adicionalmente, una ola invernal deterioró la carretera que conecta el lote donde se construye la cárcel con la Ruta del Sol, dificultando el traslado de materiales. La Uspec aceptó la suspensión. Para ese momento, según el representante del consorcio, la construcción tenía un avance del 28 %. La suspensión se extendió durante aproximadamente 14 meses. ¿Por qué aumentó el valor del contrato? El incremento del presupuesto también ha sido uno de los aspectos centrales alrededor de la obra. Mientras los documentos de la Uspec registran un aumento de $183.630 millones a $289.401 millones, el representante del Consorcio Fundación 2020 explicó que parte de las adiciones correspondieron a nuevos requerimientos solicitados durante el desarrollo del proyecto. Según Muñoz Rodríguez, entre esos cambios estuvo la construcción de dos espacios destinados a talleres de resocialización para las personas privadas de la libertad, instalaciones que, de acuerdo con su explicación, no estaban contempladas en el contrato original. El contratista también se refirió a los $43.000 millones adicionales que requiere el proyecto. Explicó que ese dinero todavía no había sido aprobado y que la solicitud se presentó para atender la dotación de diferentes espacios del establecimiento penitenciario, elementos que tampoco estaban incluidos inicialmente en el contrato. La proyección entregada por el consorcio es que las obras puedan concluir durante el primer semestre de 2027. ¿Qué tendrá la cárcel Renacer? El complejo penitenciario está diseñado para incorporar 1.974 nuevos cupos al sistema carcelario. El proyecto contempla siete pabellones de reclusión, además de bloques destinados a aulas y talleres para programas educativos y de formación para los internos. También contará con áreas de sanidad, una planta de tratamiento de agua potable y otra para el tratamiento de aguas residuales. La infraestructura incluye igualmente espacios para la preparación y almacenamiento de alimentos, zonas de manejo de residuos sólidos y alojamientos diferenciados para el personal encargado de la custodia y vigilancia del establecimiento. La entrada en funcionamiento de Renacer está ahora proyectada para 2027, de acuerdo con la versión entregada por el representante del consorcio. Mientras tanto, la obra continúa bajo seguimiento de las autoridades y en medio de los cuestionamientos relacionados con el retraso, las modificaciones contractuales y los recursos adicionales que requiere para comenzar a operar.