La senadora María Clara Posada cuestionó públicamente el contrato de arrendamiento de la sede principal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ubicada en el edificio Torre Squadra, en Bogotá. Según las cifras divulgadas por la congresista, la entidad ha destinado $114.202 millones al pago del arriendo entre 2020 y 2026, equivalente a un promedio de $16.314 millones anuales. Posada puso el foco en el valor registrado para la construcción del inmueble. De acuerdo con la información citada por la senadora, la Constructora GAP SAS, propietaria del edificio, habría registrado en documentos de 2020 un costo de construcción de $20.975 millones. A partir de esas cifras, la congresista cuestionó por qué la JEP optó por arrendar la edificación en lugar de evaluar una eventual adquisición como alternativa para reducir los costos de funcionamiento. “¿Cuál fue la justificación técnica para acudir al arriendo y no a la compra que hubiera reducido considerablemente los costos de funcionamiento?”, planteó Posada. La comparación, sin embargo, corresponde a valores de naturaleza diferente: el monto de $20.975 millones mencionado por la senadora corresponde al costo de construcción registrado, mientras que el valor de una eventual compra dependería del precio de mercado y de las condiciones de la operación. De hecho, otra denuncia pública citada por medios recientes ha ubicado el valor de compra del inmueble en una cifra superior a los $40.000 millones.
El régimen de contratación de la JEP Otro de los cuestionamientos de Posada está relacionado con la forma en que la JEP realiza sus procesos contractuales. La entidad está sometida, por disposición del artículo 118 de la Ley 1957 de 2019, al régimen de derecho privado para la celebración de contratos, aunque debe observar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, además de las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades previstas para la contratación estatal. Por esta razón, la senadora cuestionó que el contrato de arrendamiento no haya tenido que seguir el mismo esquema de licitación pública aplicable a otras entidades sometidas al régimen general de contratación estatal. No obstante, afirmar que la JEP puede contratar “con quien quiera” simplifica el alcance de la norma: el régimen privado no elimina las obligaciones de observar los principios de la función administrativa y la gestión fiscal. La discusión se produce en medio del debate sobre el presupuesto y los gastos de funcionamiento de la JEP. Posada también ha señalado otros rubros que, según las cifras que ha divulgado, incluyen $40.365 millones en defensa jurídica de exintegrantes de las Farc, $31.374 millones en operadores logísticos para eventos y $23.963 millones en tiquetes aéreos, para un total superior a $209.000 millones en los conceptos cuestionados. La controversia sobre el arrendamiento de la sede se suma así al debate político y presupuestal que actualmente enfrenta la JEP, mientras en el Congreso se discuten posibles ajustes a los recursos destinados a la jurisdicción para 2027.
Por ahora, el principal interrogante planteado por Posada está dirigido a conocer qué estudios técnicos y financieros sustentaron la decisión de mantener el arrendamiento de la sede durante estos años y cuáles fueron las alternativas evaluadas antes de comprometer recursos públicos por ese concepto.
