La administración de Abelardo De La Espriella prepara una nueva estrategia para enfrentar a los grupos armados ilegales. En los próximos días llegarían al Congreso dos de sus principales iniciativas en materia de seguridad: la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista, proyectos que desde el Gobierno son presentados como dos vías complementarias frente al crimen organizado. El estatuto, que está bajo la conducción del Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara, estaría compuesto por una ley estatutaria y otra ordinaria. Esta estructura permitiría tramitar por separado los asuntos relacionados con derechos fundamentales y aquellos que requieren un procedimiento legislativo ordinario. Uno de los principales componentes de la propuesta sería la creación de listas nacionales de organizaciones terroristas, tomando como referencia modelos utilizados por Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas. Los grupos incluidos recibirían la clasificación de Grupos Armados Organizados (GAO) y quedarían sujetos al Derecho Internacional Humanitario. La iniciativa también contempla un régimen penitenciario especial para los principales cabecillas de estas estructuras, en línea con proyectos como las megacárceles y los llamados buques cárcel. Además, plantea mecanismos adicionales para afectar los bienes y recursos de las organizaciones criminales. Otro de los frentes será el financiero. El Gobierno busca endurecer la persecución de las actividades que sirven para financiar a estos grupos, con mayor vigilancia sobre operaciones relacionadas con oro, casas de cambio, bancarización y lavado de activos. El proyecto también incluiría medidas más severas frente a las asonadas y bloqueos utilizados para obstaculizar las operaciones de la Fuerza Pública, además de nuevas herramientas de cooperación internacional contra el crimen organizado. Entre las propuestas más controvertidas aparece la intención de concentrar en el Consejo de Estado las tutelas relacionadas con organizaciones incluidas en el listado de terroristas, una medida con la que el Ejecutivo buscaría unificar el tratamiento judicial de estos casos. El Gobierno también pretende utilizar recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) para fortalecer la seguridad en municipios afectados por la violencia. Entre las medidas previstas estaría la instalación de sistemas de videovigilancia y tecnologías que permitan cruzar imágenes con bases de datos para identificar y ubicar a objetivos de la Fuerza Pública. Tanto el estatuto antiterrorista como la ley de sometimiento ya habrían superado la revisión jurídica de la Presidencia y se espera que sean radicados próximamente en el Congreso. Su discusión comenzaría en las Comisiones Primeras, encargadas de asuntos relacionados con justicia, derechos fundamentales y reformas de carácter constitucional.

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