Escándalo en Venezuela: Maduro pagaba bonos de 1.000 dólares a jueces para perseguir a sus opositores

Una nueva acusación presentada por la Fiscalía de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, expone presuntas maniobras para someter a la justicia venezolana a los intereses del poder político. El documento describe supuestos pagos adicionales a jueces, presiones para excluir a candidatos opositores y decisiones judiciales que habrían favorecido a personas vinculadas con actividades de narcotráfico. De acuerdo con el expediente, radicado el 8 de octubre de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Maduro habría convocado en 2022 a varios funcionarios judiciales al Palacio Presidencial para comunicarles que recibirían un bono mensual de 1.000 dólares. En el encuentro también habrían participado Cilia Flores y otro alto funcionario identificado bajo el código CC-1. Según los fiscales estadounidenses, durante esa reunión se habría establecido que los jueces debían acatar las instrucciones impartidas por determinados magistrados de alto rango, una dinámica que, de comprobarse, evidenciaría una presunta utilización de la estructura judicial para responder a los intereses del Gobierno venezolano. Presiones contra un juez que se habría negado a excluir a opositores Uno de los episodios más graves descritos en la acusación involucra a un funcionario judicial que presuntamente se resistió a cumplir una orden para impedir que determinados dirigentes de la oposición aparecieran como candidatos en las papeletas electorales. El documento sostiene que, después de su negativa, varios familiares del funcionario fueron detenidos por integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y sometidos a tratos crueles y torturas. Entre los abusos denunciados en el expediente figura el caso de una víctima que habría sido obligada a beber agua mezclada con orina, amenazada de muerte con un arma de fuego y sometida a condiciones extremas de aislamiento, frío, iluminación intensa y ruido constante dentro de su lugar de detención. La acusación indica que, tras estas presuntas represalias, el funcionario terminó cediendo a las presiones e impidió la participación electoral de los dirigentes opositores. Sin embargo, el documento no revela los nombres de los involucrados ni precisa a qué elección correspondía la decisión cuestionada. Las sospechas sobre decisiones judiciales vinculadas al narcotráfico El expediente también plantea que la presunta interferencia política en los tribunales venezolanos habría trascendido la persecución de adversarios del Gobierno. Los fiscales estadounidenses describen posibles actuaciones judiciales orientadas a proteger operaciones de narcotráfico y beneficiar a personas vinculadas con estructuras criminales. Según el documento, durante el Gobierno de Hugo Chávez algunos jueces habrían intervenido para desestimar procesos contra integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), incluidos casos relacionados con drogas. Estas decisiones presuntamente respondían a instrucciones de altos funcionarios venezolanos y habrían permitido que miembros de esa organización continuaran operando en territorio del país vecino. La acusación también menciona a Cilia Flores por una supuesta intervención en 2010, cuando presidía la Asamblea Nacional. De acuerdo con los investigadores, habría ordenado al consultor jurídico de esa institución gestionar la desestimación de cargos contra un presunto narcotraficante del estado Anzoátegui. El expediente no identifica al beneficiario ni establece cuál fue el desenlace de ese proceso. Una incautación de cocaína bajo sospecha Otro de los episodios señalados ocurrió en 2017, cuando funcionarios de la DGCIM incautaron un cargamento de cocaína almacenado en una bodega del estado Carabobo. Según la Fiscalía estadounidense, un funcionario identificado como CC-3 habría informado que CC-1 ordenó devolver la droga a sus propietarios y liberar a los trabajadores del depósito. Para los investigadores, estos hechos formarían parte de un presunto entramado en el que funcionarios judiciales, militares y policiales habrían intervenido para proteger actividades ilícitas y favorecer a personas cercanas al poder político venezolano. Las revelaciones amplían el alcance de las acusaciones contra Maduro y su entorno, al incorporar señalamientos sobre el funcionamiento de los tribunales, la persecución de opositores y la presunta protección institucional de operaciones relacionadas con el narcotráfico. No obstante, se trata de afirmaciones contenidas en una acusación de la Fiscalía estadounidense y no deben presentarse como hechos judicialmente probados. La responsabilidad de los señalados deberá establecerse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.