Los desplazamientos de Verónica Alcocer durante el Gobierno de Gustavo Petro vuelven al centro del debate político tras la divulgación de registros de vuelo que dan cuenta de 149 viajes entre el 12 de agosto de 2022 y el 22 de julio de 2026. De acuerdo con una investigación publicada por SEMANA, los recorridos sumaron 2.101 pasajeros y se realizaron, en su mayoría, en aeronaves financiadas con recursos públicos. Según las bitácoras revisadas por ese medio, 137 de los 149 desplazamientos se efectuaron en aviones estatales. De ese total, 133 aparecen asociados a la Fuerza Aérea Colombiana, tres a la Policía Nacional y uno a aeronaves de ambas instituciones. Los registros restantes corresponden a vuelos comerciales o no especifican el tipo de aeronave utilizada. Bogotá figura como el principal punto de partida, con 109 desplazamientos. Cartagena también aparece entre los destinos más frecuentes, con 59 registros, mientras que Corozal, en Sucre, suma 25 trayectos con origen o destino en ese municipio. Además, las bitácoras incluyen nueve desplazamientos internacionales, aunque no reflejan todos los viajes al exterior que habrían sido realizados por la ex primera dama.
Los nombres que aparecen en las bitácoras Entre los pasajeros registrados figura Ingrid Carolina Plata Navas, amiga cercana de Alcocer y exasesora de protocolo del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien aparece en 110 registros. Su esposo, el empresario Danilo Romero, también figura en cuatro desplazamientos. La exconsejera presidencial Eva Ferrer ha señalado a Plata y Romero como presuntos testaferros de Alcocer, afirmaciones que deberán ser verificadas por las autoridades competentes. Ferrer también aseguró que ambos habrían participado en el manejo de recursos y en la organización de algunos viajes de la entonces primera dama. Otro de los nombres mencionados es Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer y excandidato a la Gobernación de Sucre, quien aparece en 12 registros. Por su parte, el empresario catalán Manel Grau figura en ocho desplazamientos, en algunos casos identificado como asesor o invitado. Las bitácoras también incluyen a Enrico Romagnoli, empresario italiano que, según la publicación, aparece en registros de vuelos a Cartagena y Corozal. Su nombre ha sido relacionado con cuestionamientos sobre presuntas irregularidades e injerencias en negocios vinculados a Ecopetrol, asuntos que se encuentran bajo escrutinio.
Los viajes posteriores al anuncio de separación Uno de los aspectos que despierta mayor interés es que, según el informe, al menos 22 desplazamientos en aeronaves estatales se realizaron después del 25 de octubre de 2025, fecha en la que se hizo pública la separación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer. De esos viajes, 17 fueron clasificados como personales y cinco como oficiales. La revelación cobra relevancia porque Petro había manifestado públicamente que estaba separado físicamente de Alcocer desde hacía años y que no se destinaban recursos públicos para ella. Sin embargo, la existencia de estos registros plantea interrogantes sobre las condiciones en que se autorizaron los desplazamientos y el uso de las aeronaves oficiales. A las dudas sobre los viajes se suman las declaraciones de Ferrer acerca de un desplazamiento a Venezuela, realizado el 31 de enero de 2023 en una aeronave identificada como Legacy FAC 1218. Según su testimonio, en ese trayecto se habría transportado droga y dinero en efectivo, incluidos presuntos recursos por 2,5 millones de dólares que, de acuerdo con lo que le habría contado Manel Grau, estarían destinados, entre otros fines, a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer a la Gobernación de Sucre en 2023. Estas afirmaciones constituyen señalamientos que requieren comprobación judicial y no deben asumirse como hechos probados. La publicación también advierte sobre posibles desplazamientos que no aparecerían en los registros consultados, una situación que tendría que ser esclarecida mediante una revisión oficial de los sistemas correspondientes. Posibles implicaciones legales El uso de aeronaves estatales para desplazamientos personales podría generar cuestionamientos jurídicos si se establece que los viajes no estaban autorizados o que se destinaron recursos públicos a fines ajenos al servicio. Según SEMANA, algunos juristas consideran que las circunstancias de los desplazamientos posteriores al anuncio de separación ameritan una evaluación para determinar si existió alguna conducta penal. Por ahora, la información divulgada pone sobre la mesa interrogantes acerca de la utilización de bienes públicos, la autorización de los viajes y la presencia de personas del círculo cercano de Alcocer en las comitivas. Corresponderá a las autoridades establecer si hubo irregularidades, determinar las responsabilidades individuales y verificar las denuncias formuladas.