La salida de Fredy Orlando Quintero Mogollón de la Unidad para las Víctimas quedó temporalmente en entredicho luego de que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cúcuta admitiera para estudio una tutela presentada por el exfuncionario. La acción busca reversar su desvinculación y permitirle regresar a la entidad. Quintero Mogollón, quien fue declarado insubsistente durante el gobierno de Gustavo Petro y salió del cargo el pasado 17 de julio de 2026, argumentó ante el juez una presunta vulneración de sus derechos relacionados con la estabilidad laboral reforzada. El despacho judicial, además, concedió una medida provisional solicitada por el exsubdirector y ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas suspender temporalmente los efectos de la resolución mediante la cual fue retirado del cargo, mientras se toma una decisión de fondo sobre la tutela. El caso genera especial atención debido a que Quintero Mogollón enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de rebelión agravada y financiación del terrorismo. La investigación está relacionada con supuestos vínculos con estructuras del ELN en Norte de Santander y actualmente se encuentra en etapa de juicio. Según la Fiscalía, los hechos investigados se remontan al periodo en que Quintero Mogollón fue alcalde de Chitagá, entre 2016 y 2019. La hipótesis del ente acusador señala que habría integrado redes de apoyo al terrorismo del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN y que, presuntamente, habría financiado a esa estructura. La investigación también sostiene que el entonces mandatario habría auspiciado actividades criminales como extorsiones, secuestros y ataques contra la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura en municipios de Norte de Santander, Santander, Arauca y Boyacá. Su llegada a la Unidad para las Víctimas ya había generado cuestionamientos por tratarse de un funcionario encargado de una entidad estratégica para la atención y reparación de personas afectadas por el conflicto armado, mientras sobre él avanzaba un proceso judicial por presuntos vínculos con una organización guerrillera. Ahora, la decisión definitiva estará en manos del juez que estudia la tutela. Mientras se resuelve el fondo del proceso constitucional, la medida provisional mantiene suspendidos los efectos de la resolución que ordenó su salida de la entidad.

Compartir artículo

FacebookXWhatsAppThreadsCorreo