Cuenta de X: @JoseRiosMercado
Mientras el Ministerio de Hacienda hace cuentas para revisar de dónde sacará los recursos económicos para lo que queda del 2026 y tramita ante el Congreso el Presupuesto General de la Nación para el 2027, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Presidente Alejandro Ramelli, mantiene su postura desde los medios de comunicación de “lanzar dardos” contra el Gobierno ante el inminente recorte presupuestal de 170 mil millones de pesos que sufrirá la entidad que él lidera. Sus declaraciones, además de desconocer el crítico momento fiscal por el que atraviesa el país, han despertado mucho más la atención de la opinión pública hacia este tribunal debido al elevado costo de su operación y a los deficientes resultados logrados en 8 años de existencia. Además de las graves denuncias de la senadora María Clara Posada sobre los excesivos gastos de funcionamiento de la JEP, vale la pena hacer memoria y mencionar también un evento realizado por la entidad en abril del año pasado en un hotel boutique -a orillas del mar- de Palomino (jurisdicción del municipio de Dibulla, La Guajira), el cual desató una “tormenta mediática” no solo por su pertinencia sino por su oneroso valor. Según la publicación de la Revista Semana (fecha: 3 de abril del 2025), un total de 40 personas que hacían parte de la delegación pernoctaron allí por espacio de tres días (el precio aproximado del alojamiento/noche por persona estaba alrededor del millón de pesos). Este episodio se constituyó en un “punto de quiebre” para el tribunal, puesto que fue tildado por varios sectores políticos como “actividad de turismo judicial”. El argumento del Presidente de la entidad, al extender la invitación en este lugar paradisiaco del Caribe, era el “diálogo con expertos en justicia restaurativa para agilizar los procesos de toma de decisiones estratégicas en la JEP”, no obstante, el objetivo del evento está lejos de cumplirse. Hoy más que nunca, organizaciones como la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia, que agrupa a más de 225 mil víctimas del conflicto armado, siguen a la espera de decisiones contundentes del tribunal en materia de: Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El balance dado a conocer por Ramelli a El Tiempo (fecha: 21 de septiembre de 2026) incluye: dos sentencias en firme, dos condenas por la vía adversarial, 432 imputaciones, la acreditación de 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, entre otros indicadores. Al tiempo que las víctimas y un amplio sector de la opinión pública ejercen presión para que la JEP entregue resultados, los directivos de la entidad se mantienen “resguardados en su burbuja” argumentando que el inevitable recorte presupuestal, se constituye en “una embestida” que la deja sin margen de maniobra y pone en riesgo las garantías de las víctimas, desconociendo los cerca de 4,2 billones de pesos que el tribunal ha recibido desde el 2018 hasta la fecha para su operación. Cabe destacar, que este caudal de recursos ha sido objeto de intensos debates políticos y fiscales en el Congreso por: la ineficiencia de la JEP, su mega burocracia y sus dispendiosos costos de funcionamiento, tales como: arriendos de inmuebles, realización de eventos, contratos de operadores logísticos y tiquetes nacionales e internacionales. La propuesta del senador Enrique Gómez de presentar un proyecto de acto legislativo para impedir que la JEP extienda su funcionamiento más allá de los 10 años iniciales, ratifica que la cuenta regresiva para la reestructuración de la entidad ya inició. Años atrás, este escenario resultaba impensable para los directivos del tribunal, quienes pensaron que el fuero constitucional que lo revestía, lo hacía inexpugnable. Sin embargo, hoy la realidad económica de Colombia es muy distinta y de paso, reconfiguró el escenario de necesidades y prioridades. Todas las entidades estatales saben que el recorte presupuestal es irreversible y el Sistema Integral para la Paz, del que también hacen parte la Comisión de la Verdad (disuelta en 2022) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (vigencia: 2018 – hasta la fecha), no es la excepción.