La senadora María Clara Posada volvió a cuestionar el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y puso sobre la mesa declaraciones atribuidas a Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, durante el desarrollo del macrocaso 01, relacionado con los secuestros cometidos por las extintas FARC. La congresista aseguró que las declaraciones conocidas en el marco de este proceso permiten reabrir el debate sobre la manera en que el antiguo Secretariado de las FARC ha abordado públicamente los hechos cometidos durante el conflicto armado. Posada recordó una intervención de Timochenko del 15 de marzo de 2019, en la que el entonces máximo jefe de las FARC cuestionó las cifras relacionadas con el secuestro y rechazó que la organización hubiera recurrido a esta práctica con el propósito de enriquecerse. “No éramos una banda que nos alzamos en armas para secuestrar y enriquecernos, como se ha querido demostrar con unas cifras que se inflan”, habría señalado Londoño durante esa intervención. En la misma línea, Timochenko habría sostenido que “el secuestro no se usó para el enriquecimiento de sus jefes o un grupo pequeño”, una afirmación que hoy vuelve al centro de la discusión política sobre el tratamiento que la JEP ha dado a los antiguos integrantes de las FARC.
Para Posada, estas declaraciones deben ser examinadas junto con otras afirmaciones realizadas por dirigentes de la antigua guerrilla sobre el funcionamiento de la justicia transicional. La senadora también citó una declaración atribuida a Timochenko en la que destacó las garantías que, según él, ofrecía el mecanismo de justicia transicional frente a los antiguos miembros del Secretariado. “El mecanismo utilizado da la plena garantía de que no vamos a tener a unos jueces al frente nuestro que nos van a ver como enemigos”, habría manifestado. Las frases citadas por Posada hacen parte de una discusión más amplia sobre los alcances de la JEP, especialmente frente a las responsabilidades individuales y colectivas de los antiguos comandantes de las FARC por delitos como el secuestro.
La senadora sostiene que el país debe conocer de manera completa las declaraciones realizadas durante estos procesos y reclama mayor transparencia sobre lo ocurrido dentro de la jurisdicción creada a partir del Acuerdo de Paz. El debate vuelve a poner bajo la lupa el tratamiento judicial y político recibido por el antiguo Secretariado de las FARC. Mientras sus defensores destacan el modelo de justicia transicional como una herramienta para esclarecer la verdad y garantizar la participación de los excombatientes, sus críticos consideran que algunas decisiones y declaraciones han terminado favoreciendo una narrativa que, a su juicio, minimiza la gravedad de los crímenes cometidos. Para Posada, independientemente de las conclusiones que adopte la JEP, las declaraciones hechas durante estos procedimientos deben permanecer al alcance de la ciudadanía. “Si no hubo justicia, que por lo menos haya transparencia”, es el reclamo de la senadora, quien insiste en que el país debe conocer qué se dijo y cómo se desarrollaron los procesos relacionados con los crímenes atribuidos a las antiguas FARC.