La cronología de los expedientes judiciales que rodean a Armando Benedetti

Armando Benedetti vuelve a estar en el centro del debate político y judicial por los diferentes expedientes que han surgido durante su trayectoria pública. Las investigaciones abarcan hechos relacionados con su paso por el Congreso, presuntas irregularidades en la contratación estatal, denuncias sobre financiación política y señalamientos relacionados con la gestión de cargos en entidades públicas. Uno de los procesos que más atención ha generado es el relacionado con un posible incremento patrimonial injustificado, abierto formalmente en 2021. A este se suman el caso Fonade, las indagaciones por presuntas irregularidades electorales y otros expedientes que han tenido movimientos entre la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. El panorama volvió a tomar relevancia en octubre de 2026, cuando se conocieron nuevos detalles sobre el estado de las investigaciones y el relevo de magistrados en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. 2021: se abre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito La cronología de uno de los expedientes más relevantes comenzó en septiembre de 2020, cuando el caso se encontraba en etapa de indagación previa. El 11 de marzo de 2021, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió formalmente una investigación contra Benedetti y lo llamó a indagatoria. La investigación buscaba esclarecer un posible incremento patrimonial cercano a los $3.000 millones que, según las hipótesis investigativas, no estaría suficientemente explicado por los ingresos declarados durante su permanencia en el Congreso. Benedetti cuestionó la actuación de la magistrada Cristina Lombana y presentó recursos para apartarla del expediente. Desde entonces, el proceso estuvo marcado por controversias sobre la competencia de las autoridades judiciales y las decisiones relacionadas con su conducción. <escape>[1]</escape> 2022 y 2023: el expediente pasa entre la Corte y la Fiscalía En agosto de 2022, cuando Benedetti fue designado embajador de Colombia en Venezuela, surgieron nuevas discusiones sobre qué autoridad debía continuar con la investigación. El expediente pasó a la Fiscalía, pero el caso no quedó resuelto. Tras la renuncia de Benedetti a ese cargo diplomático, la Fiscalía devolvió el expediente a la Corte Suprema en julio de 2023. Meses después, en octubre, la Sala de Instrucción aceptó una recusación contra Lombana y la apartó del caso, que quedó a cargo del magistrado César Reyes. La discusión sobre quién debía investigar continuó durante 2024, cuando Benedetti fue designado embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Finalmente, la Sala Plena de la Corte Suprema determinó en mayo de ese año que el proceso debía permanecer en la Sala de Instrucción. <escape>[1]</escape> 2024: nuevas investigaciones por presuntos hechos de corrupción En junio de 2024 se abrió formalmente otra investigación que relaciona a Benedetti con los excongresistas Tatiana Cabello Flórez y Efraín Torres Monsalve. El expediente examina presuntas actuaciones para favorecer a la empresa Simetric S. A. en el marco de la aprobación de una ley relacionada con la certificación de aptitud psicofísica para el porte y la tenencia de armas de fuego. Dentro de las hipótesis investigativas también aparece la adquisición de una propiedad en Pradomar, Puerto Colombia, por un valor reportado de $3.694 millones, así como la procedencia de los recursos utilizados en la operación. Las autoridades buscan establecer si existieron irregularidades y si hubo beneficios indebidos. Este caso también estuvo relacionado con un allanamiento practicado el 11 de noviembre de 2025 en una propiedad vinculada a Benedetti en Cuajaral. La diligencia generó una nueva controversia pública entre el funcionario y la magistrada Lombana. 2025: el caso Fonade llega a juicio Uno de los expedientes más antiguos relacionados con Benedetti es el de Fonade, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo. Los hechos investigados se remontan a 2016, cuando Benedetti era senador. La investigación se relaciona con presuntas gestiones para favorecer a la Sociedad Cameral de Certificación Digital, Certicámara S. A., en un proceso contractual. En este expediente, las autoridades han examinado testimonios y actuaciones que podrían ayudar a establecer si hubo intervenciones indebidas en la contratación pública. A diferencia de otras investigaciones que continúan en fase preliminar o de instrucción, el proceso de Fonade ha avanzado a etapa de juicio, según los reportes periodísticos sobre su situación judicial. La existencia de un juicio no equivale a una condena: corresponde a las autoridades judiciales establecer la responsabilidad penal a partir de las pruebas y garantizar el derecho a la defensa. 2025: allanamiento y nuevas tensiones con la Corte Suprema El 11 de noviembre de 2025, la Corte Suprema confirmó públicamente que Benedetti tenía varios procesos activos en la Sala de Instrucción. La declaración se produjo después de una diligencia de allanamiento relacionada con uno de los expedientes que lo involucran. La corporación también rechazó las descalificaciones personales dirigidas por el funcionario contra una magistrada y recordó que las diferencias con las decisiones judiciales deben tramitarse mediante los mecanismos legales. El episodio reavivó las discusiones sobre el desarrollo de las investigaciones, las recusaciones presentadas por la defensa y la necesidad de que los procesos avancen sin afectar el debido proceso. <escape>[2]</escape> 2026: el expediente por enriquecimiento ilícito sigue abierto El 4 de diciembre de 2025, la Corte había ordenado continuar la investigación contra Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, decisión que quedó en firme el 16 de diciembre de ese año. Posteriormente, el 6 de mayo de 2026 se ordenó practicar nuevas pruebas y acumular a ese expediente otro proceso que también se encontraba en el despacho de Lombana. El 9 de abril de 2026, la Sala de Instrucción decidió apartar a la magistrada de cuatro investigaciones contra Benedetti, en una decisión que reflejó las disputas acumuladas alrededor de estos casos. Con el cambio de magistrados de octubre de 2026, el expediente por enriquecimiento ilícito quedó ante una nueva etapa de revisión y recolección probatoria. La decisión de fondo deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia un juicio o si corresponde adoptar otra determinación judicial. Septiembre de 2026: el caso de los recomendados en la DIAN pasa a la Fiscalía Otro capítulo se conoció el 24 de septiembre de 2026, cuando la Corte Suprema remitió a la Fiscalía el expediente relacionado con presuntas gestiones para recomendar personas a cargos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La decisión obedeció a un asunto de competencia: los hechos investigados habrían ocurrido en 2024, cuando Benedetti ya no era congresista y, por tanto, no contaba con el fuero parlamentario que determina la competencia de la Corte para investigar determinadas conductas. De acuerdo con la información publicada sobre el caso, las pesquisas buscan establecer si el funcionario habría promovido hojas de vida para puestos en aduanas y si esas gestiones pudieron tener una finalidad indebida. La remisión a la Fiscalía no significa que exista una condena ni que las sospechas estén demostradas. Los otros expedientes: Maicao, presuntas irregularidades electorales y comunicaciones Además de los procesos anteriores, Benedetti ha sido relacionado con investigaciones sobre una supuesta compra de votos en Maicao, La Guajira, durante las elecciones de 2018, a partir de interceptaciones telefónicas incorporadas a otro expediente judicial. También se han reportado indagaciones por presuntas irregularidades vinculadas a entidades como Electricaribe y la Electrificadora del Meta, así como actuaciones relacionadas con el escándalo de interceptaciones ilegales conocido como las “chuzadas”. Otro frente surgió después de las declaraciones de Benedetti sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando afirmó haber ayudado a conseguir recursos por $15.000 millones. Esas afirmaciones motivaron cuestionamientos y actuaciones para esclarecer el origen, el manejo y el eventual reporte de los dineros. La existencia y el estado procesal de cada actuación deben distinguirse de cualquier conclusión sobre responsabilidad penal. ¿Qué viene ahora? El futuro de los expedientes dependerá de las pruebas que recauden los investigadores, de las decisiones sobre competencia y de los pronunciamientos que adopten los despachos responsables. El relevo de magistrados en la Sala de Instrucción representa un nuevo capítulo para los procesos que permanecen en la Corte Suprema. En paralelo, los casos trasladados a la Fiscalía deberán continuar su trámite ante la autoridad competente. Por ahora, el panorama judicial de Benedetti está compuesto por expedientes en distintas etapas, desde investigaciones en curso hasta un proceso que ha avanzado a juicio. El desenlace de cada uno dependerá de las decisiones judiciales y no de los señalamientos que se han producido en el debate político.