JEP: la factura

Más de 3 billones de pesos. Más de 1.400 cargos. Y casi ocho años para comenzar a producir las primeras sentencias. La JEP tuvo presupuesto, tuvo funcionarios, tuvo magistrados y tuvo tiempo. Lo que tardó demasiado en entregar fue justicia. Y las cifras son difíciles de ignorar. En diciembre de 2025 la JEP tenía 1.401 cargos provistos. Solo durante octubre, noviembre y diciembre de ese año gastó $113.750 millones en personal. Un año antes, en esos mismos tres meses, había gastado $97.748 millones. Es decir, mientras Colombia esperaba resultados judiciales, el gasto de personal de la jurisdicción aumentó 16 % en apenas un año. Y estamos hablando de una institución que ha manejado recursos públicos acumulados superiores a los 3 billones de pesos desde que comenzó a funcionar. Entonces comparemos ese aparato con sus resultados. La JEP empezó a funcionar en 2018. El caso sobre los secuestros cometidos por las antiguas FARC fue abierto en julio de ese mismo año. Pero la primera sentencia contra antiguos miembros de su Secretariado llegó solamente el 16 de septiembre de 2025. Más de siete años después. Y no estamos hablando de delitos menores. La propia sentencia de la JEP describe responsabilidades relacionadas con secuestros, torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado, esclavitud y otros actos inhumanos, dentro de conductas calificadas como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La máxima sanción propia para siete antiguos integrantes del Secretariado que reconocieron responsabilidad fue de ocho años de trabajos restaurativos con restricciones de derechos y libertades. Ese tratamiento no fue inventado por los magistrados: estaba previsto desde el Acuerdo de Paz para quienes reconocieran verdad y responsabilidad. Pero precisamente por eso existe una discusión que la JEP no puede esquivar. ¿Está funcionando realmente ese modelo para las víctimas? Porque justicia transicional no puede significar simplemente una maquinaria gigantesca que acumule expedientes, audiencias, funcionarios y presupuesto. Tiene que producir verdad. Tiene que identificar responsables. Tiene que imponer sanciones. Tiene que contribuir a reparar. Y, sobre todo, tiene que convencer a las víctimas de que el Estado no convirtió sus tragedias en un trámite burocrático. La propia JEP reportaba al cierre de 2025, 338 imputaciones correspondientes a 304 máximos responsables o partícipes determinantes. Pero el dato también permite hacer otra lectura: después de años de funcionamiento, más de mil funcionarios y billones de pesos invertidos, Colombia todavía tiene derecho a preguntar si la velocidad de las decisiones finales guarda proporción con el tamaño de la institución. Y aquí está mi cuestionamiento de fondo: una justicia creada alrededor de las víctimas jamás puede terminar produciendo la percepción de que comprende mejor al victimario que a quien sufrió el crimen. Cuando una persona fue secuestrada durante meses o años, torturada, desplazada o perdió a un familiar, no basta con explicarle que estamos frente a un modelo de justicia diferente. El modelo tiene que demostrarle que su sufrimiento produjo consecuencias reales. Ese es el examen que debería enfrentar la JEP. No cuántos comunicados publica. No cuántas audiencias realiza. No cuántos funcionarios contrata, Sino cuánto de esos más de 3 billones de pesos terminó convertido en justicia efectiva para las víctimas. Porque la JEP puede explicar que sus sanciones son restaurativas. Puede explicar que la justicia transicional funciona distinto a la justicia ordinaria. Puede explicar que hay investigaciones complejas que requieren años. Todo eso puede ser jurídicamente cierto, Pero después de más de siete años para llegar a las primeras sentencias, 1.401 cargos y una factura superior a los 3 billones, también es legítimo exigir que los resultados sean proporcionales al tamaño del aparato creado para obtenerlos. Y ahí está el punto que no debería perderse: la JEP no fue creada para proteger una institución ni para mejorar la imagen de quienes cometieron atrocidades. Fue creada para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Por eso su éxito no debería medirse por cuánto presupuesto logra conservar. Debe medirse por cuánto les devuelve a las víctimas. Porque si después de billones gastados, miles de funcionarios y años de espera las víctimas siguen preguntándose dónde está la justicia, entonces el problema no es de comunicación. El problema es de resultados. Y una justicia excepcional puede tener reglas excepcionales. Lo que nunca debería tener son resultados inmunes al escrutinio. Y es que en política, nada es casualidad.