JEP: la cuenta no cuadra

A la JEP le molesta que le recorten $170.000 millones. A los colombianos debería preocuparles algo distinto: qué ha hecho con la plata que ya recibió. Ocho años después de su creación, la jurisdicción tiene 1.456 empleos de planta y 1.218 contratistas. Son casi 2.700 personas alrededor de un tribunal que cuesta cientos de miles de millones de pesos cada año. Pero cuando el Gobierno anuncia un recorte, la primera advertencia es que podrían terminar afectadas las víctimas. Conveniente argumento. Porque antes de poner a las víctimas a defender el presupuesto de la JEP, habría que explicar por qué semejante aparato burocrático necesita casi tantos contratistas como funcionarios de planta. Y también revisar en qué se ha gastado la plata. Mientras las víctimas esperaban verdad, sanciones y reparación, hubo recursos para divulgación, producción de contenidos y hasta iniciativas de arte dramático. Que la JEP tenga comunicaciones no es el problema. El problema es pretender que, cuando llega la austeridad, el primer riesgo sean las víctimas y no los gastos que poco tienen que ver con impartir justicia. Pero la contradicción más difícil de justificar está en la reparación. Las antiguas FARC declararon un inventario cercano al billón de pesos en bienes que debían servir, entre otros propósitos, para reparar a las víctimas. La cifra sonaba monumental. Lo entregado fue otra historia. Para abril de 2026 se había monetizado menos del 5 % del valor anunciado. De 24.456 semovientes reportados, apenas habían sido entregados 258. De 319 vehículos relacionados, 31. Y de más de $12.000 millones declarados en efectivo, poco más de $2.100 millones. El resto quedó atrapado entre bienes que no aparecían, activos mal identificados, propiedades difíciles de localizar y valores que no correspondían con la realidad. Entonces hay una pregunta que la JEP no puede esquivar: ¿por qué hoy las víctimas parecen indispensables para defender su presupuesto, pero no hubo la misma contundencia para conseguir que los bienes prometidos por las FARC terminaran efectivamente en sus manos? Ese es el verdadero debate. Cuestionar las cuentas de la JEP no es atacar la paz. Es fiscalizar una institución pública que maneja dinero público. Y después de ocho años, la JEP no puede pedir que la juzguen por el tamaño de su misión. Tiene que responder por sus resultados. Cuánta verdad consiguió. Cuántos responsables sancionó. Cuánto patrimonio recuperó. Y, sobre todo, cuánto terminó realmente en manos de las víctimas. Porque una justicia transicional no se puede medir por oficinas, contratos, nómina ni presupuesto. Se mide por justicia. La JEP nació para exigirles cuentas a los responsables del conflicto. Ya es hora de que también entregue las suyas. Y es que en política, nada es casualidad.