La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a diez antiguos comandantes de las extintas Farc por su presunta responsabilidad en 44 hechos de violencia contra cinco pueblos indígenas de Colombia. La decisión hace parte del Caso 09, en el subcaso que investiga los crímenes cometidos en territorios de la Amazonía y la Orinoquía. Entre los comparecientes señalados se encuentran Milton de Jesús Toncel, conocido como ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias ‘Mauricio Jaramillo’, y Julián Gallo Cubillos. También fueron imputados otros siete exintegrantes de las estructuras guerrilleras que operaron en esas regiones. Según la JEP, los hechos investigados afectaron a los pueblos Korebajü, Siona, Hitnü, Jiw y Nükak Baká. Las conductas atribuidas incluyen asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos, persecución y utilización de minas antipersonal, además de daños a la naturaleza en territorios ancestrales. La providencia identifica dos patrones de violencia. El primero estaría relacionado con el control social y territorial ejercido por las estructuras armadas, mediante ataques contra autoridades tradicionales, líderes y miembros de las comunidades que se oponían a sus intereses. El segundo corresponde a las acciones bélicas que afectaron los territorios indígenas, entre ellas la instalación de artefactos explosivos y la destrucción de su entorno natural. Uno de los episodios documentados ocurrió en 1997, cuando integrantes de las Farc perpetraron dos masacres contra miembros del pueblo Korebajü en el municipio de Milán, Caquetá. En uno de los ataques, ocurrido en el resguardo de San Luis, fueron asesinados siete hombres, entre ellos el cacique de la comunidad y varios docentes y líderes tradicionales. Después de la masacre, los habitantes se desplazaron colectivamente. Otro ataque ocurrió el 4 de septiembre de ese mismo año en San José del Cuerazo, donde cuatro integrantes de la comunidad fueron asesinados. La investigación también recoge casos de desaparición forzada, homicidios de líderes indígenas y desplazamientos que obligaron a numerosas familias a abandonar sus territorios. La decisión señala, además, que entre 2012 y 2014 se instalaron minas antipersonal y artefactos explosivos en caminos y zonas rurales del resguardo Siona Buenavista, en Puerto Asís, Putumayo. También se documentaron hechos similares en territorios de los pueblos Hitnü y Jiw, con consecuencias mortales para civiles. De acuerdo con cifras del Grupo de Análisis de la Información de la JEP, con corte a marzo de 2026 se contabilizaban 1.150 victimizaciones contra pueblos indígenas atribuidas a los bloques Sur y Oriental de las Farc, así como a otras unidades sin bloque identificado. El desplazamiento forzado figura entre las principales afectaciones registradas. La jurisdicción advierte que las consecuencias de estos hechos no se limitaron a las víctimas individuales. Las comunidades sufrieron afectaciones en sus formas de vida, prácticas espirituales, organización social y relación con el territorio y el medioambiente. ¿Qué sigue en el proceso? Los diez comparecientes tendrán 30 días hábiles desde la notificación para pronunciarse sobre los hechos y decidir si reconocen o no su responsabilidad. Durante ese periodo también podrán presentar observaciones y aportar pruebas sobre su participación. La JEP les exige contribuir al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas. La imputación constituye una etapa judicial del proceso y no equivale, por sí sola, a una sentencia condenatoria.
JEP imputó a diez exjefes de las Farc por 44 hechos de violencia contra cinco pueblos indígenas
La justicia transicional atribuye a antiguos mandos guerrilleros masacres, desapariciones forzadas, torturas y desplazamientos contra comunidades indígenas de la Amazonía y la Orinoquía entre 1996 y 2016.
