La Jurisdicción Especial para la Paz aseguró que siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría “no han encontrado ningún hallazgo de corrupción ni de otro tipo”, en respuesta a la polémica por sus gastos, reportó Caracol Radio el 26 de septiembre.
Sobre los viajes al exterior de magistrados, la JEP dijo que se trata de invitaciones oficiales para rendir cuentas del modelo de justicia transicional restaurativa ante la comunidad internacional y para participar en espacios de derechos humanos y derecho penal internacional.
La entidad recordó que el Acuerdo Final fue depositado ante el Consejo Federal Suizo en Berna y reconocido ante el Consejo de Seguridad de la ONU bajo la Resolución 2261, por lo que debe mantener informada a la comunidad internacional. “Todas las salidas del país… están justificadas y han sido informadas por los canales oficiales”, sostuvo, según Caracol.
Frente al arriendo de su sede, la JEP afirmó que tanto en el gobierno de Iván Duque como en el de Gustavo Petro se pidió al Ministerio de Hacienda comprar el edificio, sin respuesta favorable. Estimó el valor comercial 2026 en unos $288.538 millones y aclaró que los $20.975 millones citados en el debate corresponden al avalúo catastral de 2020, no al comercial.
La defensa institucional llega en medio del recorte presupuestal a la JEP en el Presupuesto 2027 y de las críticas políticas al tribunal. El mensaje de la jurisdicción es que el escrutinio debe hacerse con cifras oficiales; el costo político, sin embargo, seguirá midiendo si el Congreso y la opinión aceptan esa narrativa de transparencia.