La Fiscalía adelanta una inspección en las instalaciones de la Alcaldía de Puerto Colombia, Atlántico, como parte de las actuaciones relacionadas con la transferencia de dos lotes que originalmente estaban destinados a fines de uso público y que terminaron en manos de particulares. Durante la diligencia, los funcionarios buscan recopilar documentos, actos administrativos y otros elementos que permitan determinar si existieron irregularidades en el proceso de cesión de los predios y si estas podrían tener alguna implicación penal. La administración municipal, encabezada por el alcalde Plinio Cedeño, confirmó la presencia de los investigadores y señaló que la diligencia está relacionada con una denuncia presentada por el propio gobierno local. Según explicó la Alcaldía, la denuncia se refiere a presuntas irregularidades y posibles falsedades en actos administrativos que habrían permitido transferir a particulares inmuebles pertenecientes al municipio. Los funcionarios de la administración municipal acompañan la inspección y suministran la información solicitada por el ente investigador. Uno de los terrenos involucrados tiene una extensión de 33.637 metros cuadrados y fue cedido a un particular durante la administración de Steimer Mantilla Rolong. El segundo predio cuenta con 5.082 metros cuadrados y también fue entregado a un particular en 2017, durante ese mismo gobierno municipal. Sin embargo, el pasado 17 de septiembre, la actual administración anunció que había logrado recuperar el terreno. Este último lote se encuentra entre el Polideportivo de Tecnoglass y la planta de Alutions, frente a la Ventana al Mundo, uno de los sectores más reconocidos de Puerto Colombia. De acuerdo con los antecedentes expuestos por la administración municipal, el predio había sido entregado por Cementos Argos al municipio mediante la Escritura Pública 2139 del 6 de septiembre de 2011, con el propósito específico de habilitar allí una zona verde. La situación también ha generado cuestionamientos alrededor de los actos administrativos mediante los cuales se produjo la cesión de los terrenos. El exalcalde Steimer Mantilla manifestó en agosto que es víctima de lo ocurrido y sostuvo que su firma habría sido falsificada en las resoluciones relacionadas con la entrega de los predios a particulares. Mantilla aseguró además que está dispuesto a colaborar con las autoridades y que incluso puso la situación en conocimiento de la actual administración municipal. La inspección de la Fiscalía no significa, por sí sola, que exista una responsabilidad penal establecida. La diligencia hace parte de la recopilación de elementos para determinar si hubo conductas que puedan constituir delitos contra la administración pública.

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