Ingrid Betancourt pidió poner fin a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y trasladar a la justicia ordinaria los procesos que correspondan. La excandidata presidencial, secuestrada durante casi siete años por las FARC, sostuvo que el sistema no ha respondido a las expectativas de verdad, justicia y reparación de las víctimas.
En declaraciones a La FM, Betancourt cuestionó el tratamiento que reciben antiguos comandantes guerrilleros y afirmó que algunos de sus relatos sobre el secuestro no coinciden con lo que ella vivió durante su cautiverio. Sus denuncias reflejan su valoración y no constituyen por sí solas hallazgos judiciales.
La dirigente criticó las explicaciones de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, sobre las condiciones de alimentación de los secuestrados. También denunció lo que considera un incumplimiento en la entrega de bienes para la reparación económica de las víctimas.
Betancourt cuestionó además actuaciones que atribuyó a magistrados durante audiencias, al considerar que algunos gestos o intervenciones transmitían un trato favorable a los antiguos dirigentes de las FARC. Se trata de interpretaciones expresadas por ella.
La propuesta de la excandidata incluye revisar los beneficios penales especiales y exigir penas de prisión ordinaria para las personas a quienes se demuestre el incumplimiento de sus obligaciones en el sistema transicional.
La JEP forma parte del sistema constitucional creado a partir del Acuerdo de Paz de 2016. Su terminación o modificación exige mecanismos jurídicos compatibles con la Constitución, las garantías judiciales y las obligaciones del Estado.
Las declaraciones reabren el debate sobre el equilibrio entre los beneficios condicionados a los comparecientes y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.