La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para establecer si existieron irregularidades en la venta de 33 bienes pertenecientes a la Alcaldía de Valledupar, una operación que generó cuestionamientos luego de conocerse que los activos municipales fueron comercializados por un valor total de $31 millones. La actuación del Ministerio Público busca determinar si los procedimientos administrativos se ajustaron a la normativa vigente, especialmente en lo relacionado con los avalúos que sirvieron de base para establecer los precios de venta y las autorizaciones otorgadas para adelantar el proceso. Asimismo, el organismo de control pretende identificar a los servidores públicos que participaron en las diferentes etapas de la operación y establecer si sus actuaciones podrían constituir faltas disciplinarias. La controversia comenzó a principios de octubre, cuando se hicieron públicos los valores de enajenación de un lote que incluía maquinaria pesada, excavadoras, motoniveladoras, vibrocompactadores, 15 motocicletas y camionetas oficiales de marcas como Nissan y Toyota. Uno de los hechos que más cuestionamientos provocó fue la presunta venta de una camioneta Toyota Prado, modelo 2013, por tan solo $2,5 millones, cifra que despertó dudas sobre los criterios utilizados para valorar los bienes. Las denuncias fueron impulsadas públicamente por el exconcejal Jhon Carpio, quien dio a conocer algunos de los precios individuales de la operación y cuestionó las condiciones bajo las cuales se realizó la comercialización del patrimonio municipal. Frente a los señalamientos, la administración de Valledupar ha sostenido que el procedimiento contó con un avalúo, argumento que ahora será objeto de revisión por parte de las autoridades competentes. La Procuraduría deberá establecer si se cumplieron los requisitos legales y si existen elementos que permitan determinar eventuales responsabilidades disciplinarias. Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación también adelanta una investigación penal relacionada con estos hechos. El caso mantiene bajo escrutinio la administración de los bienes públicos de Valledupar, mientras las autoridades buscan esclarecer si la operación ocasionó un posible detrimento al patrimonio del municipio.

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