Gobierno responde ante suspensión de la aspersión aérea con glufosinato en Putumayo

El Gobierno Nacional ya presentó ante el Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís su respuesta a la medida cautelar que suspendió temporalmente el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. La iniciativa permanece detenida mientras la justicia estudia los argumentos relacionados con sus posibles efectos sobre la salud y el medioambiente. La suspensión fue ordenada tras una acción de tutela presentada por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, representante de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social. El recurso sostiene que la aplicación del herbicida podría afectar derechos fundamentales relacionados con la salud, el acceso al agua y un ambiente sano. Putumayo fue escogido para desarrollar el plan debido a la alta concentración de cultivos de coca en el departamento. Según las cifras citadas en el caso, la región concentra cerca de 49.000 hectáreas sembradas, en un contexto nacional en el que los cultivos ilícitos alcanzan aproximadamente 261.000 hectáreas. En su defensa, el Ejecutivo sostiene que la aspersión aérea, bajo controles técnicos, ambientales, sanitarios y constitucionales, constituye una herramienta para enfrentar el narcotráfico y proteger a las comunidades. El Gobierno también argumenta que los cultivos ilícitos generan impactos ambientales y sociales, además de financiar actividades de grupos armados como la extorsión, el desplazamiento y el reclutamiento de menores. El accionante, por su parte, manifestó que respalda las acciones contra los grupos criminales y la erradicación de los cultivos de coca, pero cuestiona que se recurra a una aspersión que, según su posición, podría representar riesgos para la población y los ecosistemas del Putumayo. Además, invitó al presidente a reunirse con las comunidades del departamento para abordar sus preocupaciones. Con la respuesta del Gobierno, el juez deberá analizar los argumentos y las pruebas presentadas por las partes antes de emitir un fallo de primera instancia. La decisión determinará si se mantienen las medidas de protección solicitadas o si se levanta la suspensión del plan piloto. El proceso podrá continuar en segunda instancia y posteriormente llegar a la Corte Constitucional para una eventual revisión.