Gobierno propone mover $3,9 billones del presupuesto de 2026 para atender emergencia y crisis energética

El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso un proyecto de ley que busca modificar el Presupuesto General de la Nación de 2026 y disponer de $3,9 billones para atender dos frentes considerados prioritarios: la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y la situación financiera del sector eléctrico. De acuerdo con la propuesta, $2,7 billones serían destinados al Fondo Milagro, creado para canalizar recursos hacia las labores de atención, recuperación y reconstrucción de los territorios afectados por el sismo. Estos recursos estarían relacionados con medidas de alivio tributario adoptadas durante la emergencia. Los $1,2 billones restantes serían dirigidos al sector energético y llegarían al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El objetivo es atender obligaciones de empresas intervenidas y contribuir a reducir las presiones financieras que enfrenta el mercado eléctrico. La propuesta está estrechamente relacionada con la situación de Air-e, empresa intervenida por el Gobierno. Según las cifras expuestas en el proyecto, la compañía acumulaba a agosto una deuda superior a $4 billones con generadores de electricidad, mientras que la Superintendencia proyecta que su déficit operacional podría alcanzar los $5,4 billones durante el primer semestre de 2027. El Gobierno plantea que los recursos para el sector energético sean obtenidos mediante movimientos dentro del presupuesto vigente. La estrategia contempla contracréditos, es decir, reducciones en apropiaciones de entidades con saldos disponibles y no comprometidos, y créditos para aumentar las partidas destinadas a atender las necesidades del sector. La preocupación oficial está relacionada con el posible impacto de los incumplimientos de Air-e sobre otras empresas del mercado mayorista. De acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto, al menos 18 compañías podrían verse afectadas por la situación financiera y estarían en riesgo operaciones relacionadas con la prestación del servicio de energía a una parte importante de los usuarios del país.