¿Gobierno insistirá en barcos-cárcel para combatir extorsión?

¿Barcos-Cárcel? En la Comisión Primera del Senado piensan citar al ministro de Justicia, Iván Cancino, y al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, que viene del gobierno Petro y fue ratificado por la administración De la Espriella, con el fin de que expliquen si la Casa de Nariño continúa teniendo entre sus planes la posibilidad de contratar barcos para convertirlos en cárceles que permanezcan en altamar. El planteamiento contempla la posibilidad de contratar o disponer de embarcaciones que puedan ser acondicionadas como centros de reclusión y permanecer en altamar, con el objetivo de mantener alejados de sus organizaciones criminales a internos considerados de alta peligrosidad. La iniciativa busca responder a uno de los principales desafíos que enfrentan las autoridades: evitar que cabecillas de organizaciones delincuenciales continúen impartiendo órdenes desde los establecimientos penitenciarios. La discusión cobra especial importancia en medio de las denuncias y preocupaciones alrededor del uso de las cárceles como puntos desde los cuales se coordinan actividades delictivas. “La única estrategia eficiente contra la extorsión es aislar a los cabecillas y demás redes operativas que operan dentro y fuera de las cárceles… En medio de la crisis fiscal es más fácil que se le pida (desde el Gobierno) a la Cotecmar (entidad de la Armada Nacional) que construya barcos-cárcel para ese propósito, y que lo haga de forma prioritaria… Eso es lo que queremos que el ministro y el director del Inpec nos expliquen”, precisó una alta fuente parlamentaria. La misma fuente puso sobre la mesa el factor presupuestal. En medio de las restricciones fiscales que enfrenta el Estado, sostuvo que una opción sería solicitar a Cotecmar, entidad vinculada a la industria naval de Colombia, estudiar la construcción de embarcaciones destinadas a este propósito y establecer si podrían convertirse en una alternativa frente a la ampliación de la infraestructura carcelaria convencional. Por ahora, uno de los principales interrogantes en el Congreso es si esta idea forma parte de una decisión concreta del Gobierno o si continúa únicamente como una alternativa dentro de la discusión sobre seguridad penitenciaria. La eventual citación al ministro de Justicia y al director del Inpec tendría precisamente ese objetivo: conocer el alcance real de la propuesta, sus costos, las condiciones jurídicas y operativas necesarias y si existe algún proceso adelantado para hacerla realidad.