El Gobierno entregó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría el llamado Libro de la Verdad. El documento reúne 82 actuaciones identificadas durante el empalme con la administración anterior. El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó el informe y dijo que el trabajo continuará con nuevos reportes desde los ministerios.
La cifra que requiere precisión es la de las denuncias. Según el Gobierno, 23 de los 82 casos ya fueron trasladados para investigaciones penales o administrativas. Los otros registros pueden corresponder a alertas, decisiones de política pública o problemas de gestión. La entrega del documento no prueba que alguien haya cometido un delito.
El expediente pasa a otras instituciones
La Presidencia describió hallazgos sobre deuda pública, contratación, información financiera y programas estatales. También presentó ejemplos para explicar cómo se construyeron los expedientes. La función del Ejecutivo termina al poner los soportes en conocimiento de las autoridades. Fiscalía, Procuraduría y Contraloría tendrán que decidir si abren procesos, qué pruebas necesitan y quiénes deben responder a cada requerimiento.
Restrepo llamó al informe un primer corte de cuentas. El siguiente paso será saber qué documentos completos se entregaron, qué entidades asumieron cada caso y qué decisiones toman los organismos de control. También será necesario conocer los plazos de cada actuación y las respuestas de las personas o entidades mencionadas en cada expediente entregado. La información debería quedar disponible para que el debate no dependa solo de comunicados políticos ni de titulares. Hasta que existan fallos o actos administrativos, el lenguaje correcto es presunto. El Libro de la Verdad abre investigaciones; no las cierra.