El Gobierno nacional expidió el Decreto 1446 de 2026, firmado por el presidente Abelardo De La Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, para que las acciones de tutela dirigidas contra actuaciones u omisiones del jefe de Estado en ejercicio de sus funciones se repartan en primera instancia al Consejo de Estado.

La norma modifica los artículos 2.2.3.1.2.1 y 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, que fija las reglas administrativas de reparto de las tutelas. En la práctica, esos recursos ya no podrán asignarse inicialmente a jueces de circuito cuando correspondan a los supuestos contemplados en la nueva disposición.

Según el texto oficial, “las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones u omisiones del Presidente de la República en ejercicio de sus funciones serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado”. La misma vía aplica cuando la tutela se dirige conjuntamente contra el mandatario y otras autoridades públicas o particulares, y cuando involucra competencias del artículo 189 de la Constitución.

El decreto aclara que se trata de pautas administrativas de reparto inicial y que no crea ni modifica factores de competencia, integración, recursos, impedimentos ni el reglamento interno del Consejo de Estado. Por esa razón, el Ejecutivo consideró innecesario pedir el concepto previo de la Sala de Consulta y Servicio Civil previsto en el artículo 113 de la Ley 1437 de 2011.

Como regla general, las tutelas contra autoridades, organismos o entidades públicas del orden nacional seguirán repartidas a los jueces del circuito o de igual categoría. El Gobierno mantuvo una excepción específica: las tutelas contra actuaciones, políticas, programas o estrategias relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos continuarán yendo a esos juzgados.

El cambio revierte la lógica del Decreto 799 de 2025, expedido en el gobierno de Gustavo Petro, que había enviado estas tutelas a jueces de circuito con el argumento de fortalecer la imparcialidad, al considerar que el Consejo de Estado también revisa actos administrativos del presidente. La fórmula del Decreto 1446 retoma reglas ya usadas en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque.

El borrador y su memoria justificativa estuvieron publicados desde el 7 de septiembre en el sitio del Ministerio de Justicia para observaciones ciudadanas. Con la firma del 28 de septiembre, el Gobierno formaliza el nuevo reparto; cada tutela deberá ser estudiada por el Consejo de Estado según sus competencias, sin que la norma determine de antemano el resultado de esos procesos.

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