Gobierno de De la Espriella busca destrabar consultas previas en 90 días

El Gobierno de De la Espriella anunció una transformación del sistema de consulta previa en Colombia, con la que busca enfrentar el represamiento de expedientes y darle mayor agilidad y trazabilidad a uno de los trámites que más impacto tiene sobre el desarrollo de proyectos en el país. La estrategia fue presentada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Bonilla, quien aseguró que la intención no es modificar el derecho fundamental a la consulta previa, sino reorganizar el procedimiento para evitar que los procesos permanezcan indefinidamente sin avances. “La consulta previa se respeta. El represamiento, no”, sostuvo el funcionario al explicar los principales componentes de la reforma. Digitalización de los expedientes represados Uno de los primeros pasos será digitalizar el 100 % de los expedientes que actualmente se encuentran represados. De acuerdo con el Gobierno, parte de la información está dispersa entre computadores de funcionarios y contratistas, lo que dificulta conocer el estado real de cada proceso. La meta es que en un plazo de 30 días exista un expediente digital único para cada consulta previa. Estos documentos serán organizados de acuerdo con el sector al que pertenecen, la etapa en la que se encuentran y su antigüedad. Con esta clasificación, el Gobierno pretende identificar cuáles procesos están listos para avanzar hacia una decisión. El diagnóstico también busca establecer con precisión cuántas consultas se encuentran actualmente en trámite y cuáles son las principales causas de sus retrasos. Una ventanilla digital para los nuevos procesos La segunda medida anunciada será la creación de una ventanilla digital única, que tendría un plazo de implementación de 45 días. A través de esta plataforma, empresas y ciudadanos podrán presentar solicitudes relacionadas con consultas previas y trámites ambientales. El propósito es que cada nuevo proceso quede registrado desde su inicio y cuente con un expediente digital que permita consultar su avance y establecer quién está encargado de cada actuación. El Gobierno también estudia, junto con la Presidencia y el Ministerio de Ambiente, mecanismos para que los procedimientos de consulta previa y licenciamiento ambiental puedan avanzar de manera paralela en determinadas etapas, evitando que uno tenga que esperar completamente al otro para comenzar. Cada consulta tendría un responsable La reforma también contempla una reorganización interna de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. La propuesta es dividir la gestión por sectores como hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones y asuntos ambientales. Cada área tendría un líder sectorial y, a su vez, los proyectos considerados prioritarios contarían con un responsable específico. El Gobierno puso como ejemplos el proyecto de gas Sirius y el Canal del Dique, señalando que actualmente no existe un responsable individual claramente identificado para hacer seguimiento integral a estos procesos. La intención es que ningún expediente permanezca sin funcionario encargado, cronograma o fecha definida para su siguiente actuación. Gobierno apunta a controlar los procesos en tiempo real Otro de los componentes de la reforma será la implementación de cronogramas y tableros nacionales de control. Estos mecanismos permitirían hacer seguimiento a los responsables, fechas límite, hitos, alertas y estado de cada consulta previa. Según el ministro del Interior, el objetivo es pasar de un sistema con información dispersa a uno en el que el Gobierno pueda conocer diariamente qué está ocurriendo con cada expediente y detectar rápidamente los procesos que presentan bloqueos. Para los casos considerados críticos, se plantea además la creación de un comité independiente que tendrá como función hacer seguimiento, identificar las razones de los retrasos y emitir alertas. Este comité no reemplazaría a la Autoridad Nacional de Consulta Previa ni tendría capacidad para tomar decisiones sobre los procesos. Cambios legales y nuevos términos El plan también contempla ajustes normativos para establecer reglas más claras sobre los tiempos y las distintas etapas de las consultas previas. Entre las medidas anunciadas se encuentra una directiva relacionada con el denominado test de proporcionalidad, además de un decreto que establecería términos y plazos dentro del procedimiento administrativo. El Gobierno sostiene que la intención es darle mayor seguridad jurídica al trámite y evitar que existan expedientes abiertos durante largos periodos sin una fecha clara para su conclusión. Lara Bonilla insistió en que los cambios no buscan eliminar ni reducir el derecho de las comunidades a participar en los procesos de consulta previa, sino ordenar el procedimiento y evitar que la falta de gestión termine convirtiéndose en un obstáculo para proyectos considerados estratégicos. La meta: resultados en 90 días El Gobierno fijó un horizonte de 90 días para conseguir una reducción significativa del represamiento y avanzar en la decisión y cierre de expedientes. La apuesta combina digitalización, reorganización administrativa, responsables individuales, seguimiento permanente y modificaciones normativas. Con esta reforma, el Ejecutivo busca que las consultas previas tengan mayor trazabilidad y que tanto las comunidades como las entidades públicas y los responsables de los proyectos puedan conocer con mayor claridad en qué etapa se encuentra cada proceso. El desafío estará en lograr que la aceleración de los trámites no termine afectando las garantías de participación de las comunidades que tienen derecho a ser consultadas.