El proyecto del Gobierno que busca obtener facultades extraordinarias para fusionar o suprimir entidades públicas desató un nuevo pulso político en el Congreso. La iniciativa, que pretende facilitar una reorganización de la estructura administrativa del Estado, ha generado posiciones divididas sobre la conveniencia de reducir el aparato burocrático y los riesgos de ampliar las atribuciones del presidente. La senadora del Pacto Histórico Patricia Caicedo cuestionó la necesidad de concederle nuevas facultades al Ejecutivo. Según explicó, la Constitución ya contempla herramientas para que el presidente adelante procesos de reorganización administrativa, por lo que considera innecesario otorgarle poderes adicionales sin conocer previamente cuáles serían las entidades afectadas. Caicedo sostuvo que cualquier modificación de la estructura estatal debe estar respaldada por estudios técnicos que justifiquen las decisiones. En ese sentido, pidió al Gobierno precisar qué instituciones pretende fusionar o eliminar y presentar los análisis que sustentarían esos cambios. En contraste, el senador del Centro Democrático Carlos Meisel defendió la propuesta y argumentó que Colombia necesita revisar el tamaño y los costos de su aparato estatal. A su juicio, la reorganización permitiría reducir gastos de funcionamiento y enfrentar las dificultades fiscales que atraviesa el país. El congresista cuestionó especialmente los gastos asociados a la contratación por prestación de servicios, al considerar que estas vinculaciones también incrementan la carga burocrática y representan una presión para las finanzas públicas. La discusión también se centró en el tamaño real del empleo público en Colombia. Caicedo citó cifras de la OCDE para señalar que menos del 6 % de la fuerza laboral nacional trabaja en el sector público, una proporción inferior a la registrada en América Latina y en los países miembros de esa organización. Con ese argumento, cuestionó que el gasto estatal se atribuya principalmente a un exceso de funcionarios. La senadora reconoció que es necesario revisar el funcionamiento de las entidades y optimizar los recursos, pero insistió en que los recortes no pueden plantearse sin diagnósticos rigurosos. También recordó que existen sectores en los que el Estado necesita fortalecer su capacidad institucional. Meisel, por su parte, insistió en que la discusión debe contemplar no solo el número de empleados públicos, sino también los contratos y otros gastos de funcionamiento que, según su postura, aumentan el costo de la administración.
Gobierno busca facultades del Congreso para poder fusionar o eliminar entidades públicas
La propuesta enfrenta a congresistas del Pacto Histórico y el Centro Democrático.

