El Gobierno nacional aclaró su posición frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en medio del debate que se abrió por una propuesta de reducción de su presupuesto. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que la administración de Abelardo De la Espriella no está planteando eliminar el tribunal de justicia transicional, pero sí considera necesario revisar sus gastos y exigir resultados. “No hemos dicho que vamos a acabar la JEP, pero queremos resultados de la JEP”, señaló Lara al referirse a la discusión presupuestal que actualmente se desarrolla en el Congreso. La controversia surgió después de que el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, propusiera reducir en aproximadamente $100.000 millones los recursos destinados a la JEP. El presidente Abelardo De la Espriella manifestó su respaldo a la discusión sobre el ajuste presupuestal. Lara sostuvo que la revisión del gasto hace parte de una política de austeridad que, según el Gobierno, debe aplicarse a las diferentes entidades del Estado. El ministro argumentó que la situación fiscal del país obliga a revisar los gastos considerados superfluos o improductivos. En declaraciones divulgadas el 21 de septiembre, el funcionario afirmó que las entidades nacionales, territoriales, judiciales y de control deben contribuir a la reducción del gasto durante 2026 y 2027. También señaló que la austeridad, desde la perspectiva del Gobierno, no implica desconocer los compromisos internacionales adquiridos por Colombia.
Debate por el presupuesto de la JEP La discusión se concentra actualmente en la asignación de recursos para la JEP dentro del Presupuesto General de la Nación. Según cifras citadas por el presidente De la Espriella, la jurisdicción tuvo un presupuesto de aproximadamente $744.659 millones para 2026, mientras que para 2027 solicitó cerca de $947.642 millones. El proyecto presupuestal contempla una partida de aproximadamente $821.803 millones. El Gobierno sostiene que la asignación definitiva de recursos debe tener en cuenta la disponibilidad fiscal, las necesidades de las diferentes entidades y las prioridades generales del Estado. Lara también planteó cuestionamientos sobre los resultados judiciales de la JEP y señaló que existe un debate pendiente sobre la relación entre el tamaño de su estructura administrativa y los resultados obtenidos. El ministro sostuvo que la entidad no está exenta de críticas y mencionó que durante años se le ha reclamado por el ritmo de sus decisiones judiciales. De acuerdo con sus declaraciones, las primeras decisiones restaurativas llegaron en 2025 y el Gobierno considera necesario evaluar el desempeño de la jurisdicción frente a los recursos que administra. La respuesta de la JEP El debate presupuestal también generó una reacción del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien envió una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en la que manifestó preocupación por posibles efectos sobre la independencia y el funcionamiento de la jurisdicción. El presidente De la Espriella rechazó esa interpretación y sostuvo que la discusión sobre el presupuesto público y las decisiones que adopte el Congreso no constituyen una amenaza contra la independencia judicial. Según el mandatario, revisar el uso de los recursos públicos corresponde a las funciones de las instituciones del Estado. Desde el Gobierno, Lara insistió en que el propósito declarado no es eliminar la JEP, sino aplicar criterios de austeridad y evaluar los resultados de las entidades públicas. La discusión continuará en el Congreso, donde deberá definirse la asignación definitiva de recursos para la JEP dentro del presupuesto nacional de 2027.