Fiscalía pide cárcel para Miguel Quintero y expone presiones a testigos y filtraciones

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías nuevos elementos con los que busca sustentar su solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero Calle, investigado por presuntas irregularidades relacionadas con contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Durante una audiencia que se extendió por más de cuatro horas, la fiscal 40 de la unidad de delitos contra la administración pública de Medellín, Magda Sofía Ramírez, expuso información que, según la investigación, relacionaría a Quintero Calle con un supuesto plan para influir en dos subdirecciones del Área Metropolitana durante el periodo en que su hermano, Daniel Quintero, era alcalde de Medellín. De acuerdo con la Fiscalía, ese supuesto esquema habría buscado incidir en la designación y salida de funcionarios, además de intervenir en la contratación y en el manejo de recursos públicos. Uno de los principales elementos mencionados durante la diligencia está relacionado con el testigo Misael Cadavid, quien fue representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y mantenía una relación de amistad con Miguel Quintero Calle. Cadavid decidió acogerse a un principio de oportunidad y, según la Fiscalía, entregó información sobre hechos que comprometerían al investigado. La entidad también señaló que obtuvo información de otros involucrados que han alcanzado acuerdos judiciales, entre ellos Juan Alberto Cardona Henao, Laura María Mejía Higuita y María Janeth Rúa García. Señalamientos sobre contratos por $17.000 millones Uno de los capítulos expuestos por la Fiscalía se relaciona con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí, cuyo valor conjunto habría alcanzado los $17.000 millones. Según la hipótesis presentada por el ente acusador, parte de esos recursos habría terminado beneficiando a Miguel Quintero Calle. La Fiscalía calculó ese supuesto beneficio en aproximadamente 15 % del valor de los contratos, equivalente a unos $2.481 millones: $1.654 millones en beneficio propio y otros $827 millones destinados a terceros. Los contratos, de acuerdo con la información presentada en audiencia, estaban relacionados con actividades de capacitación para cuerpos de bomberos de los municipios del Área Metropolitana y con la entrega de elementos de bioseguridad durante la pandemia. Presuntas presiones dentro de la cárcel La Fiscalía también habló de posibles intentos para influir sobre Misael Cadavid mientras permanecía privado de la libertad. Según lo expuesto en la audiencia, se identificó un listado de 17 abogados que ingresaron a la cárcel El Pedregal y algunos de ellos habrían visitado al testigo para pedirle que no continuara entregando información a las autoridades. Cadavid relató ante la Fiscalía que recibió ofrecimientos de asistencia jurídica y mencionó específicamente a Sebastián de Dios Ortega Urán. Según su declaración, le habrían ofrecido un cupo en una cárcel de La Estrella por $400 millones, con una propuesta para que él aportara la mitad. El ofrecimiento, aseguró, fue rechazado. El testigo también aseguró haber recibido la visita de personas que, según su relato, actuaban en nombre de sectores políticos de Itagüí. Entre los nombres mencionados aparecen el personero de ese municipio, Jhon Fredy Ortiz Tabares, y el exsenador Carlos Andrés Trujillo. La Fiscalía presentó estas declaraciones como parte de los elementos que analiza dentro del proceso. Otro de los visitantes señalados fue Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia, quien también aparece mencionado dentro de los hechos expuestos durante la diligencia. Fiscalía denuncia acceso irregular a información reservada Otro de los puntos que generó preocupación durante la audiencia fue una presunta filtración de información desde la propia Fiscalía. La fiscal aseguró que funcionarios que no estaban vinculados con la investigación ingresaron al sistema SPOA, plataforma utilizada para registrar actuaciones de los procesos judiciales, y consultaron información relacionada con el caso. Según los datos presentados, el 16 de julio se habrían realizado 334 consultas sobre el proceso por parte de personas cuya labor no estaría relacionada con la investigación. Al día siguiente, se habrían efectuado otras 293 descargas de información, incluyendo documentos que para ese momento tenían carácter reservado. La Fiscalía sostuvo que entre los documentos consultados se encontraba información sobre testigos de cargo que todavía no habían sido descubiertos dentro del proceso. Para la entidad, el acceso de personas ajenas a la investigación podría afectar la seguridad de los testigos y el desarrollo de las actuaciones encaminadas a determinar las responsabilidades correspondientes. Los viajes al exterior, otro argumento de la Fiscalía La Fiscalía también presentó los movimientos migratorios de Miguel Quintero Calle como uno de los argumentos para sustentar un eventual riesgo de fuga. Información entregada por Migración Colombia permitió establecer, según la fiscal, que Quintero Calle salió del país al menos nueve veces con destino a Panamá y Orlando, Estados Unidos. En todos los casos registrados habría regresado a Colombia. La Fiscalía destacó que durante 2023 permaneció fuera del territorio nacional durante 153 de 193 días comprendidos entre el 12 de abril y el 22 de octubre. En el consolidado de 2023 y 2024, la entidad calculó 214 días de permanencia en el exterior. La fiscal sostuvo que este elemento, sumado a los demás elementos de la investigación, debía ser considerado para determinar la necesidad de una medida de aseguramiento. La decisión quedó pendiente La audiencia fue suspendida a petición de la defensa de Miguel Quintero Calle, encabezada por el abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla. La defensa tendrá plazo hasta el lunes para revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Ese día, a las 2:00 de la tarde, está previsto que la diligencia continúe y que el abogado exponga sus argumentos ante el juez 27 penal municipal con función de control de garantías. Quintero Calle se declaró inocente y ha negado responsabilidad en los hechos que le atribuye la Fiscalía. La Procuraduría, por su parte, también solicitó que el investigado sea enviado a prisión, argumentando que existiría un riesgo de que pueda evadir la acción de la justicia. En el mismo proceso aparecen como investigados Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, además de Álvaro Villada y Vanessa Álvarez, por presuntos delitos relacionados con la contratación y el manejo de recursos. Hasta el momento, según la información de la audiencia, Sergio Zuluaga, Jhon Fredy Ortiz Tabares y Carlos Andrés Trujillo no se habían pronunciado públicamente sobre los señalamientos mencionados durante la diligencia.