La Fiscalía federal de Manhattan presentó este 8 de octubre una acusación ampliada contra Nicolás Maduro y Cilia Flores que incorpora señalamientos por conspiración para cometer tortura. El expediente se tramita ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York y amplía el alcance de un proceso que ya incluía imputaciones relacionadas con el narcotráfico.
La nueva acusación atribuye a Maduro responsabilidad en un sistema de represión contra personas consideradas adversarias del gobierno venezolano. Los fiscales sostienen que se recurrió a detenciones arbitrarias, interrogatorios violentos y torturas como instrumentos de intimidación y control. Se trata de afirmaciones de la Fiscalía que deberán ser probadas en juicio.
Entre los episodios incluidos figura el de un militar venezolano detenido en 2013 por sospechas de participar en una conspiración contra Maduro. De acuerdo con la acusación, fue sometido a descargas eléctricas y suspendido en posiciones dolorosas durante los interrogatorios. La descripción forma parte de los hechos que los investigadores estadounidenses buscan acreditar ante el tribunal.
El expediente también menciona el caso de un ciudadano estadounidense detenido en Venezuela en 2022. Según los fiscales, durante su cautiverio recibió golpes y descargas eléctricas, incluso en los genitales, mientras era interrogado por agentes de inteligencia militar. Los detalles expuestos reflejan la gravedad de los presuntos abusos, pero no constituyen por sí mismos una sentencia judicial.
La Fiscalía sostiene que las prácticas descritas no fueron incidentes aislados y plantea la posible responsabilidad de quienes ocupaban las más altas posiciones de poder. En particular, acusa a Maduro de autorizar torturas contra determinadas personas. Cilia Flores también figura entre los acusados en la ampliación del expediente.
La imputación por conspiración para cometer tortura no equivale a una condena. Para establecer responsabilidad penal, la acusación deberá presentar pruebas y superar el examen de los jueces y del procedimiento judicial estadounidense. Maduro y Flores han rechazado los cargos y se han declarado inocentes.
Los nuevos señalamientos se suman al proceso que ambos enfrentan por delitos vinculados al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En el caso de Maduro, el expediente incluye además una acusación por narcoterrorismo. La ampliación introduce un capítulo diferente: la posible responsabilidad penal por la violencia ejercida contra personas bajo custodia estatal.
La investigación también vuelve a situar bajo escrutinio las denuncias de represión y malos tratos en centros de detención venezolanos. Para las presuntas víctimas, el proceso podría abrir un espacio de examen judicial de episodios ocurridos años atrás. Sin embargo, el resultado dependerá de las pruebas admitidas, los testimonios y las decisiones del tribunal.
Maduro y Flores permanecen bajo custodia en Nueva York y el juicio está previsto para junio de 2027. Hasta que exista una decisión judicial, corresponde distinguir entre las acusaciones formuladas por los fiscales y los hechos que lleguen a quedar demostrados.
La dimensión del caso trasciende las imputaciones por narcotráfico: un tribunal federal estadounidense deberá examinar ahora si existen pruebas suficientes para atribuir a los antiguos dirigentes venezolanos responsabilidad penal en una conspiración para cometer tortura. La gravedad de los hechos descritos exige rigor tanto en la investigación como en su evaluación judicial.