Una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación puso en el centro de la controversia varios contratos tecnológicos suscritos entre la Federación Colombiana de Municipios y la empresa DICITEC S.E.M. S.A.S., cuyo valor conjunto superaría los $45.821 millones y que habrían sido financiados con recursos provenientes del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). El documento, presentado por el abogado Ricardo Ruge, expone una serie de presuntas irregularidades en los procesos de contratación adelantados desde 2015. Según los señalamientos, la Federación habría entregado directamente contratos a DICITEC mediante convenios interadministrativos, sin recurrir a procesos de licitación pública. La denuncia identifica seis procesos registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), cuyos valores superan los $43.181 millones. Al sumar un contrato de 2022 y otros servicios tecnológicos, la cuantía señalada alcanza los $45.821 millones. Cuestionamientos por posibles conflictos de intereses Uno de los principales aspectos expuestos tiene que ver con un eventual conflicto de intereses dentro de la estructura de contratación. De acuerdo con el denunciante, el representante legal de la Federación Colombiana de Municipios tenía atribuciones para ordenar el gasto y, al mismo tiempo, representaba a la entidad como accionista en las asambleas de DICITEC. El escrito también cuestiona que las resoluciones relacionadas con los procesos contractuales no habrían hecho referencia a esa participación societaria. A esto se suma el señalamiento sobre una presunta omisión de la inversión en DICITEC dentro de los estados financieros de la Federación correspondientes a 2023. Para el abogado denunciante, estos hechos ameritan establecer si existieron incompatibilidades o vulneraciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación estatal. DICITEC, bajo la lupa por su capacidad operativa Otro de los puntos cuestionados está relacionado con la capacidad de DICITEC para ejecutar los contratos que le fueron asignados. La denuncia sostiene que, pese a presentarse como una sociedad de economía mixta con participación pública del 50,1 %, la compañía presuntamente no contaría con la experiencia ni con el personal suficiente para desarrollar directamente las actividades contratadas. También advierte sobre posibles subcontrataciones con compañías que, a su vez, aparecerían como accionistas privados de DICITEC. Esta situación es presentada como uno de los elementos que deben ser examinados por los organismos de investigación. Contrato de $25.290 millones, uno de los casos señalados Entre las operaciones que generan cuestionamientos se encuentra un contrato suscrito en diciembre de 2023 entre la Federación Colombiana de Municipios y DICITEC. El acuerdo comenzó con un valor de $21.461 millones y posteriormente fue adicionado hasta alcanzar los $25.290 millones. Según la denuncia, un día después de recibir el contrato, DICITEC habría subcontratado parte de su ejecución con Smart Cloud S.A.S., empresa que también figuraría entre sus accionistas privados. El negocio con esta compañía habría ascendido a $17.432 millones. La diferencia entre el valor final del contrato principal y el monto de la subcontratación supera los $7.858 millones. El denunciante solicita esclarecer las condiciones en las que se realizó la operación y determinar el destino de los recursos involucrados. Fiscalía deberá establecer si hubo conductas delictivas La denuncia solicita a la Fiscalía investigar si las actuaciones descritas podrían configurar delitos como interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen de inhabilidades, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, concierto para delinquir y falsedad en documentos y estados financieros. Por ahora, los señalamientos corresponden a hechos expuestos en una denuncia y no constituyen una declaración de responsabilidad penal. Será la Fiscalía la encargada de verificar las pruebas, establecer las circunstancias de los contratos y determinar si existieron conductas contrarias a la ley. El caso vuelve a poner sobre la mesa el manejo de los recursos provenientes de las multas de tránsito y los mecanismos utilizados para contratar los servicios tecnológicos asociados al funcionamiento del SIMIT.
Fiscalía investiga denuncia por presuntas irregularidades en contratos del SIMIT que superan los $45.800 millones
La acción penal advierte posibles conflictos de intereses, contratación directa y subcontrataciones entre empresas vinculadas a DICITEC. Los recursos estarían relacionados con la administración del sistema de multas y sanciones de tránsito.

