Explosivas revelaciones contra Maduro: Fiscalía de EE. UU. lo señala de negociar armas con las Farc y tener nexos con el ELN

La nueva acusación presentada por la justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores pone nuevamente bajo la lupa los presuntos vínculos entre altos funcionarios venezolanos y organizaciones armadas ilegales colombianas. El documento expone señalamientos sobre posibles acuerdos con las antiguas Farc, operaciones relacionadas con el narcotráfico y hechos de violencia que habrían involucrado a integrantes de organismos de inteligencia militar de Venezuela. Uno de los apartados más delicados del expediente se refiere a una supuesta reunión celebrada en 2013 entre Maduro, Flores y tres antiguos dirigentes de las Farc: Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’; Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, ‘Jesús Santrich’. Según la Fiscalía estadounidense, el encuentro habría tenido como propósito resolver una deuda que Maduro presuntamente mantenía con la guerrilla por actividades relacionadas con el narcotráfico. Para cubrir al menos una parte de esa obligación, el entonces mandatario venezolano habría aceptado suministrar explosivos provenientes de las reservas del Ejército a las Farc. El expediente sostiene que Maduro conocía las posibles consecuencias de esa operación, pues el suministro de ese material habría incrementado la capacidad militar de la organización guerrillera en su confrontación armada en Colombia. Los señalamientos también apuntan a que las presuntas operaciones de suministro de armamento no habrían terminado en ese encuentro. De acuerdo con el documento, la venta de minas habría continuado hasta aproximadamente 2015 e incluido armas fabricadas en Cuba. El contexto de estos hechos resulta significativo: en 2013, mientras el Gobierno de Juan Manuel Santos adelantaba conversaciones de paz con las Farc en La Habana, la Fiscalía sitúa los presuntos contactos entre Maduro y los antiguos jefes guerrilleros. Sin embargo, el expediente no precisa el monto de la supuesta deuda, el lugar exacto de la reunión ni la cantidad de explosivos que habrían sido entregados. PRESUNTAS REDES DE NARCOTRÁFICO Y ARMAS La acusación también describe posibles operaciones de narcotráfico en las que habrían participado funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM). Según los fiscales, alrededor de 2016 un alto funcionario venezolano identificado en el documento como ‘CC-1’ habría ordenado coordinar movimientos de droga obtenida de las Farc. Para transportar armamento hacia un puerto venezolano, presuntamente se utilizaron camiones que habitualmente movilizaban combustible, de acuerdo con la versión incluida en el expediente. El documento agrega que, durante el Gobierno de Hugo Chávez, funcionarios cercanos al poder habrían intervenido en decisiones judiciales favorables a integrantes de las Farc investigados por delitos cometidos en territorio venezolano. La acusación sostiene que algunos procesos eran desestimados para permitir que miembros de esa organización continuaran operando en Venezuela. No obstante, el texto no identifica los casos específicos ni a los jueces que habrían participado en esas actuaciones. Asimismo, la Fiscalía señala que grupos armados colombianos, entre ellos las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), habrían obtenido recursos mediante extorsiones en zonas venezolanas bajo su control, en un escenario que el expediente describe como una presunta estructura de corrupción y protección de actividades ilegales. EL ELN TAMBIÉN APARECE EN EL EXPEDIENTE Los presuntos nexos descritos por la justicia estadounidense también incluyen al ELN, particularmente en operaciones relacionadas con el transporte de cocaína a través de la frontera entre Colombia y Venezuela. Según el documento, entre 2022 y junio de 2024 un funcionario identificado como ‘CC-3’ habría ordenado a integrantes de la contrainteligencia militar ocultar estupefacientes en cargamentos de chatarra. La acusación agrega que ese funcionario viajaba regularmente a zonas fronterizas controladas por el ELN para garantizar el tránsito de los cargamentos. La Fiscalía sostiene que la droga era trasladada posteriormente por rutas marítimas y aéreas, mediante embarcaciones que habrían contado con la aprobación de funcionarios militares venezolanos y vuelos clandestinos diseñados para evitar la detección de las autoridades. El expediente también menciona conversaciones sobre posibles operaciones de narcotráfico que, según los investigadores, habrían continuado al menos hasta agosto de 2025. DENUNCIAN PRESUNTA TORTURA DE UN MILITAR VENEZOLANO Otro de los capítulos más graves se refiere a un oficial militar venezolano que, según la acusación, fue detenido en noviembre de 2013 por orden de Maduro y trasladado a un campamento de las Farc ubicado en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. La Fiscalía afirma que el uniformado era sospechoso de mantener contactos con un antiguo alto funcionario venezolano enfrentado con los gobiernos de Chávez y Maduro. En el campamento, el oficial habría permanecido bajo custodia de integrantes de la guerrilla y de agentes de inteligencia militar venezolana. De acuerdo con el expediente, durante los interrogatorios habría sufrido golpes y otras agresiones físicas que se prolongaron aproximadamente dos días. Los fiscales sostienen que fue sometido a condiciones inhumanas y a prácticas de tortura mientras era interrogado sobre un supuesto plan para derrocar a Maduro. Estas acusaciones forman parte de la versión presentada por la Fiscalía de Estados Unidos y deberán evaluarse dentro del correspondiente proceso judicial. Su inclusión en el expediente no significa, por sí sola, que todos los hechos descritos hayan sido demostrados ante un tribunal. La nueva acusación plantea así un panorama de presuntas relaciones entre sectores del poder venezolano, redes de narcotráfico y organizaciones armadas colombianas. Los señalamientos abarcan desde supuestos acuerdos para el suministro de explosivos hasta operaciones de transporte de cocaína y graves denuncias de tortura, asuntos que podrían tener implicaciones para la seguridad de la frontera colombo-venezolana.