RunRunPolítico conoció en exclusiva el texto completo del contrato firmado entre Air-e y China National Machinery Exports and Imports Corporation, CMC, un acuerdo que abre la puerta a inversiones por hasta $1 billón más IVA para renovar subestaciones, reemplazar infraestructura envejecida y ampliar las redes eléctricas de Atlántico, Magdalena y La Guajira. El acuerdo tiene una duración prevista de 60 meses y contempla financiación de las obras por parte del propio contratista, una condición especialmente relevante para una empresa que enfrenta severas limitaciones financieras para realizar nuevas inversiones. La pregunta es inevitable: si el contrato ya fue firmado y ofrece mecanismos de financiación para ejecutar las obras, ¿por qué no ha comenzado su ejecución? El interrogante cobra mayor importancia después de que el actual agente interventor de Air-e, Ramiro Castilla, reconociera durante una comparecencia ante la Comisión Quinta del Senado de la República que la empresa presenta un rezago de cerca de 10 años en la modernización de su red. Un contrato diseñado para cerrar el rezago El acuerdo fue estructurado bajo modalidad EPC, conocida como “llave en mano”. Eso significa que CMC deberá encargarse de la ingeniería, suministro de equipos, construcción de obras civiles, montaje electromecánico, pruebas, puesta en marcha, certificaciones, capacitación y mantenimiento hasta la entrega formal de cada proyecto. En la práctica, Air-e tendría un solo responsable para buena parte de las etapas técnicas y operativas de las obras. Uno de los puntos más relevantes del contrato está en la financiación. CMC deberá asumir los recursos necesarios para ejecutar cada proyecto. Una vez Air-e reciba cada obra a satisfacción, tendrá un periodo de gracia de 12 meses. A partir del mes 13, pagará el valor correspondiente en 48 cuotas mensuales, con un interés del 5,2 % efectivo anual sobre el saldo pendiente. La fórmula permite ejecutar infraestructura sin que Air-e tenga que disponer desde el comienzo de todo el capital necesario. Ese componente es especialmente importante porque el propio contrato reconoce las dificultades financieras de la compañía y sus limitaciones para acometer nuevas inversiones.
Transformadores de más de 20 años y subestaciones prioritarias El acuerdo no plantea inversiones generales o indefinidas. Entre las prioridades aparecen el reemplazo de transformadores de distribución y potencia con más de 20 años de antigüedad, el fortalecimiento del Sistema de Distribución Local y proyectos en el Sistema de Transmisión Regional. El documento identifica específicamente las subestaciones El Río, Nuevo San Juan y Palermo entre aquellas que deberían recibir atención prioritaria. La importancia del contrato radica precisamente en que apunta a infraestructura crítica que viene acumulando años de rezago. Si el propio interventor reconoce una brecha de una década en modernización, la existencia de un contrato de esta magnitud adquiere una relevancia mayor. Air-e no está obligada a gastar el billón completo Otra de las ventajas del esquema es que el contrato no representa automáticamente una deuda por $1 billón. Ese valor funciona como techo inicial. Air-e solo deberá pagar los proyectos que sean efectivamente aprobados, ejecutados y recibidos. El contrato también establece que no existe un compromiso mínimo de contratación. Cada inversión debe pasar por un Comité Técnico compuesto por cinco integrantes, tres designados por Air-e y dos por CMC. Ese comité deberá revisar el alcance, costo, cronograma, equipos y condiciones financieras de cada proyecto antes de autorizarlo. En otras palabras, Air-e conserva capacidad de decidir qué obras se ejecutan, cuánto cuestan y cuáles deben priorizarse. Garantías y sanciones para el contratista El acuerdo también establece una estructura amplia de garantías. CMC deberá constituir pólizas de cumplimiento, calidad, estabilidad de obra, responsabilidad civil y todo riesgo construcción. Además, en caso de incumplimiento, Air-e podrá aplicar descuentos y una cláusula penal equivalente al 20 % del valor de cada proyecto, sin perjuicio de reclamar daños adicionales cuando corresponda. Esto le da a la empresa mecanismos contractuales para exigir calidad, cumplimiento de cronogramas y corrección de fallas durante la ejecución. CMC tendrá prioridad en la fiducia de pagos El contrato también incorpora una condición financiera de peso. Antes de iniciar los proyectos, Air-e deberá incluir a CMC como beneficiario de la fiducia principal de pagos. Las obligaciones de capital e intereses derivadas de los proyectos tendrán dentro de esa fiducia el mismo rango contractual que las obligaciones corrientes con los generadores de energía. Si los recursos no son suficientes, los pagos se distribuirán proporcionalmente dentro de ese nivel. Además, si en el futuro otra empresa reemplaza a Air-e dentro del proceso de solución empresarial, el contrato prevé la transferencia de la deuda, los cronogramas de pago, las garantías y la posición de CMC dentro de la fiducia. Entonces, ¿qué está frenando su ejecución? Ese es el punto que sigue abierto. El contrato fue firmado en agosto de 2026 y plantea una herramienta para financiar precisamente las obras que hoy Air-e reconoce como necesarias. El documento contempla modernización, financiación, garantías, mecanismos de priorización y ejecución llave en mano. Pero también contiene condiciones previas que deben cumplirse. CMC debe constituir una sucursal en Colombia, acreditar capacidad financiera, obtener las pólizas correspondientes y completar el cierre financiero antes del inicio de los proyectos. Además, los anexos técnico y financiero incluidos en el documento aparecen como propuestas pendientes de revisión y validación, mientras varias condiciones definitivas de financiación aún deben cerrarse. Por eso, Air-e debería explicar públicamente en qué etapa se encuentra este contrato, qué requisitos faltan por cumplir y cuál es el cronograma previsto para iniciar las primeras obras. La pregunta cobra todavía más fuerza frente al diagnóstico presentado por el propio agente interventor. Si Air-e reconoce un rezago de aproximadamente 10 años en la modernización de sus redes y existe un contrato firmado que busca justamente financiar su renovación, la región necesita saber qué falta para ponerlo en marcha. No se trata únicamente de un negocio por hasta $1 billón. Se trata de una herramienta que podría permitir reemplazar activos obsoletos, fortalecer subestaciones, ampliar capacidad y recuperar parte de los años de inversión retrasada en una red de la que dependen millones de usuarios del Caribe.