El exfiscal general Francisco Barbosa reaccionó este sábado a las revelaciones publicadas por SEMANA sobre presuntas operaciones de inteligencia, seguimientos e interceptaciones que habrían sido realizadas en su contra mientras estuvo al frente de la Fiscalía General de la Nación. A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, Barbosa manifestó que decidió pronunciarse públicamente ante la gravedad de los hechos conocidos y anunció que acudirá a las autoridades para que se investigue lo ocurrido.
Según SEMANA, una auditoría forense ordenada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella encontró información relacionada con presuntas irregularidades dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el anterior gobierno. Entre los elementos revelados aparecen señalamientos sobre seguimientos y posibles interceptaciones a funcionarios y personas consideradas de interés.
Barbosa sostuvo que, de confirmarse las versiones divulgadas, el caso tendría implicaciones graves para la independencia de la justicia y para las garantías institucionales del país. El exfiscal señaló que la utilización de organismos de inteligencia del Estado para vigilar al entonces jefe del ente investigador constituiría un hecho especialmente delicado, teniendo en cuenta que durante su administración la Fiscalía adelantaba investigaciones relacionadas con personas cercanas al entonces presidente Gustavo Petro. “De confirmarse estas versiones, se estaría ante uno de los ataques más graves contra la independencia judicial en la historia reciente de Colombia”, afirmó Barbosa, según el comunicado citado por SEMANA. El exfuncionario también cuestionó que organismos encargados de manejar información reservada pudieran haber sido utilizados con fines distintos a los establecidos constitucional y legalmente. La publicación de SEMANA señala además que los auditores pusieron a disposición de las autoridades un volumen de 147 terabytes de información, incluidos computadores y dispositivos móviles, con el propósito de establecer qué ocurrió dentro de la agencia de inteligencia. Ahora, Barbosa busca que las autoridades determinen si efectivamente existieron operaciones de vigilancia en su contra, quiénes las habrían ordenado o ejecutado y bajo qué circunstancias se habría utilizado la información obtenida. El caso abre nuevamente el debate sobre el manejo de los organismos de inteligencia del Estado y sus límites frente a las instituciones encargadas de investigar y administrar justicia.