Las cárceles colombianas enfrentan una problemática que va más allá del hacinamiento y la inseguridad. Las cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) evidencian la magnitud de las presuntas irregularidades dentro de la institución y la persistencia de redes ilegales que operan desde los centros de reclusión. Entre 2023 y 2026, un total de 213 funcionarios del Inpec fueron capturados o vinculados a procesos judiciales. De acuerdo con los registros entregados por la entidad a la Vicepresidencia de la Cámara de Representantes, los casos se distribuyen así: 44 en 2023, 78 en 2024, 57 en 2025 y 34 en 2026. Estas cifras incluyen personal de custodia, auxiliares y trabajadores administrativos, y no significan que todos hayan sido condenados. A este panorama se suman 1.283 investigaciones disciplinarias activas y un consolidado de 834 funcionarios con antecedentes de esta naturaleza. La presencia de elementos prohibidos también representa un desafío para las autoridades penitenciarias. Los registros del Inpec contabilizan 631 teléfonos celulares encontrados en poder de funcionarios entre 2022 y 2026. La Reclusión de Mujeres de Bogotá encabeza los reportes, con 45 dispositivos, seguida de Jamundí, con 39; Espinal, con 32; Valledupar, con 30, y Medellín, con 27. El problema no se limita al personal penitenciario. En los establecimientos carcelarios, las autoridades han decomisado 171.512 celulares y 204.074 tarjetas SIM durante el mismo periodo. También aparecen 172.283 elementos adicionales de comunicación, lo que evidencia las dificultades para impedir que los internos mantengan contacto con el exterior mediante dispositivos no autorizados. El balance incluye otros elementos incautados: 144.305 armas blancas, siete pistolas, cuatro revólveres y más de 208.000 litros de licor de fabricación carcelaria. Además, los operativos permitieron decomisar 675 millones de pesos en efectivo, aproximadamente. Ante esta situación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, informó que se han impuesto cerca de 235 sanciones a funcionarios del Inpec por presuntas irregularidades relacionadas con corrupción y extorsión. El funcionario también explicó que se intensificaron los controles sobre las líneas telefónicas utilizadas para cometer extorsiones. La depuración de estos números pasó de realizarse mensualmente a cada 15 días, con el propósito de reducir posteriormente el intervalo a ocho días. Otro indicador que refleja la complejidad de la situación es el movimiento de personas privadas de la libertad. Entre enero de 2022 y el 15 de octubre de 2026, el Inpec reportó 42.674 traslados, de los cuales 23.364 respondieron a razones de seguridad. A las dificultades de vigilancia se suma el déficit de personal. Aunque la institución tiene autorizados 15.148 integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, estima que necesita 27.363 para atender sus requerimientos operativos. Esto representa un faltante de 12.215 funcionarios.
Empresa criminal desde las cárceles: 213 funcionarios judicializados y más de 1.200 celulares incautados
Un balance del Inpec revela 1.283 investigaciones disciplinarias activas, 631 celulares hallados en poder de funcionarios y más de 171.000 teléfonos incautados en las cárceles entre 2022 y 2026.

