El revés para el caso Iván Name: Procuraduría ahora pidió no quitarle la investidura

El proceso contra el exsenador Iván Name por la pérdida de su investidura tiene un elemento que ahora cobra especial relevancia: la Procuraduría había solicitado al Consejo de Estado que no acogiera la petición de muerte política, al considerar que las pruebas presentadas durante el proceso no eran suficientes para demostrar las conductas atribuidas al entonces presidente del Senado. La decisión del Consejo de Estado, que en primera instancia declaró la pérdida de investidura de Name, está relacionada con las investigaciones derivadas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y con la presunta entrega de $3.000 millones que habría tenido como propósito influir en el manejo de las plenarias durante la discusión de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. La defensa de Name, encabezada por su sobrino Fahid Name, anunció que impugnará el fallo. El exsenador también sostuvo que controvertirá la decisión mediante los recursos establecidos por la ley. Uno de los puntos centrales del proceso es el concepto emitido por el procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado, José Darío Castro. El funcionario pidió desestimar la solicitud de pérdida de investidura porque, según su análisis, las pruebas disponibles no permitían establecer con suficiente certeza la responsabilidad de Name. De acuerdo con el concepto citado en el expediente, buena parte de los señalamientos contra el exsenador estaban sustentados en declaraciones entregadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla. Para el Ministerio Público, esos testimonios podían servir como elementos de orientación para el juez, pero debían estar respaldados por otras pruebas que permitieran confirmar los hechos. La Procuraduría también señaló que no estaba demostrado que Name hubiera utilizado su condición de senador y presidente del Senado para ejercer presión o influencia sobre Sandra Ortiz con el propósito de que se produjeran las actuaciones que posteriormente fueron atribuidas dentro de la investigación. Otro de los aspectos analizados fue la presunta entrega de $3.000 millones. El Ministerio Público concluyó que no se había demostrado que Name hubiera recibido, solicitado o hecho prometer dinero o alguna dádiva para él o para terceros. En ese sentido, el concepto sostuvo que tampoco estaba acreditada la causal de pérdida de investidura ni una violación al deber propio de su condición de congresista. El caso también ha generado debate por las referencias que aparecen en la sentencia a la exsenadora María José Pizarro. El fallo del Consejo de Estado la menciona en numerosas oportunidades al abordar la manera en que se desarrollaron las plenarias durante la discusión de la reforma pensional. El expresidente Gustavo Petro salió en defensa de Pizarro y cuestionó las interpretaciones que han surgido a partir de las menciones contenidas en la decisión judicial. Petro sostuvo que Name no hacía parte de la bancada de Gobierno y rechazó que las referencias a Pizarro pudieran utilizarse para cuestionar la legitimidad de la reforma pensional. Por su parte, el procurador general Gregorio Eljach precisó que la decisión del Consejo de Estado se refiere específicamente a la pérdida de investidura de Name y no determina la validez del trámite de la reforma pensional, asunto que corresponde analizar a la Corte Constitucional. Ahora, la defensa de Iván Name prepara la impugnación contra el fallo de primera instancia. Mientras tanto, también se mantienen las solicitudes para que las autoridades examinen las actuaciones de otros actores mencionados en el expediente y las circunstancias que rodearon la aprobación de la reforma pensional.