El plan del Gobierno para bloquear la señal de celulares en las cárceles

El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un plan piloto para limitar el uso de teléfonos celulares en las cárceles del país, como parte de una estrategia para combatir las extorsiones y otras actividades delictivas que, según las autoridades, pueden coordinarse desde los centros penitenciarios. El vocero del Gobierno, Miller Soto, explicó que la administración busca fortalecer los mecanismos existentes para impedir que los internos utilicen dispositivos móviles para ordenar acciones criminales o realizar llamadas y enviar mensajes relacionados con extorsiones. De acuerdo con Soto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) podrá solicitar a las empresas de telefonía el bloqueo del IMEI de los equipos y del IMSI asociado a las tarjetas SIM. La intención es identificar el origen de las comunicaciones y determinar qué redes y aplicaciones están siendo utilizadas. La estrategia también contempla una coordinación permanente entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Justicia, el Inpec, el Gaula y los operadores de telefonía móvil. Entre las medidas anunciadas está el seguimiento a las redes utilizadas por los internos y el desarrollo de mecanismos específicos para enfrentar el uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, además de las llamadas tradicionales. El Gobierno también plantea realizar pilotos de bloqueo de señal y reforzar los controles para impedir el ingreso de celulares a los establecimientos penitenciarios. Uno de los objetivos será medir el impacto de estas medidas sin afectar la cobertura de telefonía en los sectores ubicados alrededor de las cárceles. Soto señaló además que las autoridades revisarán los procedimientos establecidos en el Decreto 851 de 2024 para agilizar la aplicación de los mecanismos de bloqueo. Según explicó, las entidades involucradas buscan establecer reuniones periódicas con los operadores para evaluar los resultados. La estrategia incluye igualmente controles relacionados con los inhibidores de señal, las requisas y las condiciones que permiten que los dispositivos permanezcan operativos dentro de las celdas. El Gobierno sostiene que el propósito central es reducir las comunicaciones utilizadas para coordinar extorsiones y otros delitos desde las cárceles. Las autoridades también hicieron un llamado a las víctimas para denunciar estos hechos ante las líneas habilitadas por la Policía y el Ejército.