La Fiscalía General de la Nación puso nuevamente bajo la lupa el historial criminal de Giovanny Andrés Rojas, conocido como alias Araña, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera y actualmente requerido por las autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con la investigación del ente acusador, Rojas estaría relacionado con al menos 16 homicidios y 13 ataques violentos cometidos entre 2020 y 2024. Entre las víctimas de los hechos investigados aparecen cuatro líderes sociales que, según la Fiscalía, habrían sido considerados obstáculos para los intereses de la estructura armada. Uno de los casos mencionados por las autoridades corresponde al asesinato de la lideresa social Marisabel Ramos, ocurrido en Solita. La investigación también pone el foco sobre el periodo posterior a la designación de Rojas como facilitador de paz. En 2022, el Gobierno de Gustavo Petro lo incluyó en ese proceso, pero la Fiscalía sostiene que los hechos delictivos atribuidos al cabecilla se extendieron hasta 2024. Según el ente acusador, alias Araña ejercía como máximo cabecilla militar de la organización y tenía bajo su mando una estructura armada dedicada al control territorial en zonas de frontera. La Fiscalía sostiene además que el grupo contaba con armas de corto y largo alcance y que desde la estructura se impartían instrucciones relacionadas con el dominio de determinadas zonas. La situación judicial de Rojas también está relacionada con una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia estudió el pedido de extradición y documentó dentro del proceso las actuaciones penales adelantadas en Colombia contra el requerido. El caso de alias Araña adquirió especial relevancia por el cruce entre su participación en los acercamientos de paz y las investigaciones penales en su contra. Mientras hacía parte de los mecanismos impulsados por el Gobierno, las autoridades continuaron recopilando información sobre hechos violentos que presuntamente estarían relacionados con la estructura que dirigía. Actualmente, Rojas permanece privado de la libertad en Colombia mientras avanza el proceso relacionado con su eventual entrega a las autoridades estadounidenses.

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